Impulsan una investigación por el uso de datos de la ANSeS

El fiscal federal Federico Delgado promovió hoy una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el traspaso de las bases de datos de la ANSES al  Poder Ejecutivo para campañas de comunicación oficial.    

La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Laura  Carreras, quien también inició una acción de amparo ante la Justicia en  lo Contencioso Administrativo Federal para frenar el traspaso de  las bases de datos.    

"La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de  datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el  estado para difundir los actos de gobierno", indicó el fiscal.    

La acción judicial apunta a la legalidad -o no- "del convenio  marco para el traspaso de datos de Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros".    

Según la abogada Carrera, "los datos contenidos en dicha base  son de carácter no público y por ende sensibles".    

La semana pasada, el fiscal federal Guillermo Marijuán  desestimó la denuncia contra Marcos Peña por presunto "incumplimiento de  los deberes de funcionario público", "abuso de autoridad" y  "violación de secretos y de la privacidad", a raíz del uso de la base de  datos de la ANSeS para la difusión de actos de gobierno.    

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Según trascendió en Tribunales, Marijuán le entregó al juez  Ariel Lijo su opinión al analizar la denuncia que impulsaron los  diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo  Tailhade contra Peña y otros funcionarios.    

Marijuán entendió que no correspondía abrir una causa penal  porque no había delito.    

Cabandié y Tailhade denunciaron por "incumplimiento de los  deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de  secretos y de la privacidad" a Peña, al director y subdirector del  ANSeS, Emilio Basavilbaso y Federico Braun, y al secretario de  Comunicación Pública, Jorge Grecco.    
Ahora, el fiscal Federico Delgado le propuso al juez federal  Sebastián Casanello que la Dirección Nacional de Protección de  Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia, "evalúe la  legalidad del convenio de traspaso de datos de ANSES".    

Paralelamente, lo propio deberán hacer la Procuración del  Tesoro de la Nación, y "dos expertos más independientes del Poder  Ejecutivo Nacional".    
El fiscal también quiere saber cómo está el expediente que  tramita ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María  José Sarmiento, que prácticamente no ha registrado movimientos en  las últimas dos semanas.