Dilma denunció un “golpe” para dar paso a un “gobierno usurpador”

BRASILIA.- La suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff se declaró inocente, describió a su sucesor interino Michel Temer como un “usurpador” y les advirtió a los senadores que la historia los juzgará con severidad si destituyen mediante acusaciones falsas a una mandataria elegida democráticamente.

El esperado discurso de Rousseff ayer ante los legisladores que decidirán esta semana si la destituyen de manera definitiva, se caracterizó por la misma actitud desafiante que ha mostrado durante el proceso del juicio político (impeachment) en su contra, el cual ha dividido al país de mayor población en América latina. “Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está limpia. No he cometido delito”, declaró Rousseff a los senadores que la escuchaban atentamente.

La mandataria, que transita la mitad de su segundo mandato, está acusada de violar normas fiscales para ocultar problemas en el presupuesto federal. Ella sostiene que no violó norma alguna y que sus adversarios están llevando a cabo un “golpe de Estado”. Rousseff recordó a los senadores que fue reelegida en 2014 por más de 54 millones de votantes, y añadió que en todo momento se atuvo a la Constitución e hizo lo mejor para el país.

La primera mujer presidenta de Brasil, una ex guerrillera presa y torturada durante la dictadura del país, hizo una correlación entre su pasado y la situación actual. “No puedo sino sentir la amargura de la injusticia”, afirmó Rousseff en referencia al juicio en el que no sólo se decidirá su suerte sino el futuro político de la nación.

Durante su alegato de 30 minutos, Rousseff sostuvo que a principios de 2015 la oposición en el Congreso empezó a generar un clima de inestabilidad al negarse a negociar y arrojar lo que llamó “bombas fiscales” mientras disminuían los ingresos. Dijo que el juicio político exacerbó la recesión en la economía más grande de Latinoamérica, y culpó de ello a la oposición. Rousseff dijo que había pagado el precio de negarse a suprimir una amplia investigación policial en la petrolera estatal Petrobras que, cabe recordar, involucra tanto a legisladores opositores como oficialistas. Se estima que 60% de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por corrupción.

Para destituir a Rousseff, son necesarios los votos a favor de al menos 54 de 81 senadores, número que estaría asegurado.