Hebe de Bonafini convirtió la citación, como testigo, a declarar en un asunto vinculado al manejo de fondos públicos otorgados a la Fundación que ella preside, en la ocasión para desafiar una vez más a las instituciones de la República y para convertirse en protagonista de un provocador acto político.
Hay que decirlo: La decisión de que la Justicia ordenara su detención, la tomó la propia Bonafini. Ella decidió, en un acto desafiante, ubicarse en situación de desacato y activar el procedimiento legal ineludible. Cualquier Juez está obligado a llevar por la fuerza pública a un ciudadano que incurre en desobediencia y que rechaza una citación a declarar.
En medio de la ruidosa y previsible situación que se produjo ayer, conviene separar la paja del trigo: la Justicia no ha llamado a Bonafini por ninguna cuestión de naturaleza política ni por nada vinculado a su militancia y actuación en un organismo de Derechos Humanos. La ha convocado en el marco de una investigación sobre la presunta malversación de millones de pesos que el Estado nacional le otorgó a la entidad que ella preside con el propósito exclusivo de destinarlos a la construcción de viviendas populares. Esas viviendas no están y esos millones tampoco. Tarde o temprano, la convocatoria judicial a escuchar sus explicaciones parecía inevitable. Fue Bonafini la que designó “administrador en jefe” de esos fondos multimillonarios a Sergio Schoklender, al que luego acusó de haberles robado a las Madres.
Nadie, en una República en la que rija el Estado de Derecho, está más allá de la ley y de los jueces.
Puede convenirse en que es un triste espectáculo el que ofrecen las imágenes de una mujer de 87 años, conocida internacionalmente por su activismo al frente de la organización Madres de Plaza de Mayo, que acaba de ser recibida en una audiencia privilegiada por el Papa Francisco (al que accedió, dicho sea de paso, por gestiones de otro desafortunado protagonista de estas horas, Guillermo Moreno), con orden detención. Pero hay que subrayarlo una vez más: fue la propia dirigente, quizá asesorada por sectores interesados en instalar un clima de tensión, la que provocó esta situación.
En este contexto, se intenta convertir en un hecho político a un acto de desobediencia en el marco de una causa que se circunscribe al ámbito de lo penal económico.
Nadie debe ponerse por encima del sistema republicano, porque eso sería aceptar la anarquía, una suerte de descontrol totalitario e, inevitablemente, el poder de los más fuertes.
Seguramente hay interesados en construir, ahora, el relato de la victimización. Con ese objetivo, la imagen de Bonafini presa sería convertida por algunos en un engañoso símbolo. Lamentablemente, se usa a una de las protagonistas de una heroica actitud frente a la dictadura para fines mezquinamente partidarios.
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