“Sería muy grave que la Justicia no avale el aumento de tarifas de gas”

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró ayer que “sería muy grave” que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de las tarifas de gas y sostuvo que retrotraerlas al cuadro tarifario anterior le implicaría un costo al Estado de 22.000 millones de pesos.

El funcionario adelantó, de todos modos, que el Gobierno realizará una “audiencia informativa” para dar a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo”, que será previa a la audiencia pública de octubre por el incremento del gas.

Aranguren sostuvo que en el caso de las tarifas de gas “en el bimestre mayo-junio, el 87 por ciento” de los usuarios residenciales “recibieron facturas inferiores a los 500 pesos” y que “el 78 por ciento” de ellos las pagó porque “la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento”.

COMPARACION

Al respecto, el funcionario comparó esa tarifa con “la suscripción básica de la televisión por cable que es de 540 pesos mensuales” y sostuvo que “el 74 por ciento de la población del Gran Buenos Aires” tiene ese servicio.

También destacó que si se retrotrajeran las tarifas a antes del aumento, “implicaría dar de baja a la tarifa social” que alcanza “al 28 por ciento de los hogares en el caso de la electricidad y al 41 por ciento en el caso del gas, sumando la garrafa social”.

“Eso va a perjudicar a los sectores (más vulnerables, que son los que) queremos proteger”, expresó el ministro de Energía, quien consideró que “las tarifas no las puede decidir la Justicia”.

En ese sentido, sostuvo que “desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho (desde el Gobierno, con el incremento de las tarifas) está perfectamente justificado” y recordó que “venimos de 12 años en que se le dijo a la demanda que (prácticamente, el servicio) era gratuito”.

“Desde el punto de vista legal, todo lo que tiene que ver con la producción de gas y la generación de energía eléctrica, a partir de los marcos regulatorios y de la ley de emergencia pública, está en cabeza del Estados Nacional , que es el que tiene la capacidad de decidir cuál es el valor”, enfatizó el ministro.

Aranguren aclaró que “solamente está sometido a revisión, lo que incluye la audiencia pública, el valor del transporte y la distribución”, que estimó en “el 60 por ciento de valor de la tarifa” que se recibe en los domicilios.