La corrupción también genera violencia

Por MARIO CORIOLANO (*)

En el marco del trabajo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaboramos en 2014 el “Informe acerca del impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos”, donde señalamos que los efectos negativos de la corrupción son muchísimos más graves en relación a las personas vulnerables, ya que acentúan la desigualdad y generan violencias de distinto tipo.

La corrupción afecta más a los pobres, porque desvía los fondos destinados al desarrollo y alimenta la desigualdad

Como dijo el ex titular de las Naciones Unidas, Kofi Annan al presentar la Convención contra la Corrupción ante la Asamblea General de ONU: “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. Es un obstáculo para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.

APRENDER A DIFERENCIAR

Asimismo, necesitamos diferenciar actos de “corrupción menor”, como el soborno de un funcionario público subalterno, y la “gran corrupción“, ejecutada por funcionarios en altos cargos que piden un pago por ejercer atribuciones discrecionales.

Esta diferenciación permite un trato más justo hacia quienes debieron pagar sobornos, ya sea para sobrevivir en el ámbito de instituciones policiales y carcelarias, o para mantener una empresa.

En todos los casos es necesario implementar un plan integral que no se encandile con la necesaria investigación y castigo penal de los responsables de la corrupción, sino que también prevea medidas preventivas y reparadoras, que consagren la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, instituciones independientes en las auditorías, y los mecanismos de protección efectivos a periodistas y otros denunciantes de corrupción que son hostigados, amenazados, y atacados de diferente manera.

PROTEGER A LAS VICTIMAS

En cuanto a la protección de las víctimas es central la implementación de una legislación que permita la extinción del dominio como un proceso independiente y autónomo, sin sanción punitiva.

Esta práctica, eficaz e inmediata, permite además la devolución de los activos recuperados a la sociedad en forma de servicios básicos.

En ese sentido, proponemos que se hagan relevamientos en las justicias penales, de las diversas jurisdicciones, de las causas iniciadas en torno a esta problemática, conociendo los estados actuales e imputados, siendo necesario para ello recurrir a diversas fuentes.

Para ello, deberían crearse por ley – en las distintas provincias- comisiones de tres a cinco expertos independientes que en 90 días efectúen un diagnóstico y recomendaciones que se hagan públicas, y que los poderes se obliguen a poner en marcha de manera inmediata.

Es necesario implementar un plan que prevea medidas preventivas y que también consagre la transparencia

Además, la ley debería preveer un espacio legislativo , comision bicameral o especifica , que realice una evaluación periódica de los avances, obstáculos y desafíos.

Es una prioridad erradicar la gran corrupción, por ser uno de los factores que favorecen la desigualdad económica y la violencia social e institucional en franca retroalimentación. Necesitamos, en defintiva, un plan integral que diga: Basta de corrupción

(*) Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y Defensor de Casacion de la provincia de Buenos Aires.