Las usurpaciones en terrenos de la periferia son fuente de controversias y denuncias cruzadas en el ámbito político y judicial, pero también, y básicamente, una preocupación que aflige a cientos de vecinos de las localidades de la Ciudad. Este año las tomas más relevantes se enfocan en varios terrenos de Melchor Romero y Villa Elvira, aunque el año pasado Abasto fue también un foco de conflicto y si se recapitula, vastos episodios similares han sido objeto de esta problemática con, todavía, resolución pendiente y consecuente proliferación de asentamientos.
Sin embargo, ya no hay duda de que en los últimos tiempos el ritmo de la intención de distintas usurpaciones se ha acelerado. El viernes el secretario de Seguridad municipal, Daniel Piqué, reveló que sólo en agosto se han frenado 10 intentos de ocupación de terrenos. Aunque la existencia de un presunto entramado es materia de investigación, a las vistas está que el método usado para consumar estos hechos forma parte de un sistema con un entramado harto organizado.
En ese mismo sentido opinó el intendente, Julio Garro, quien advirtió sobre la “injerencia de la política” detrás del fenómeno. Esta semana, por caso, a través de un informe periodístico se involucró al diputado provincial y dirigente del Movimiento Evita Gustavo “Tio” Di Marzio y al juez de Garantías César Melazo, en acusaciones que tendrán su consecuente investigación y sobre las que el magistrado atribuyó ayer a una “persecución política”. Fue por la toma de Melchor Romero, que ahora cuenta con una orden de desalojo del magistrado y por la que el jueves había habido un detenido.
Recogiendo la preocupación, días atrás el concejal vecinalista Gerardo Jazmín presentó un proyecto de ordenanza para crear una dirección abocada al tema, que actúe con celeridad y dé intervención inmediata a la Justicia, ante la mera denuncia de vecinos de un descampado que noten la presencia de ocupantes que no son los propietarios. En el Ejecutivo la consideraron una buena idea, aunque remarcaron que es clave la acción del Poder Judicial, cuya demora en la instrumentación de las medidas propicia la complicación en las definiciones de este tipo de conflictos, dado que cuanto más tiempo pasa de la instalación del asentamiento, mayor es la dificultad para ordenar un desalojo.
Por otra parte, finalmente el jueves pasado la jueza en lo Contencioso Administrativo María Ventura Martínez levantó el embargo por 48 millones de pesos que pesaba sobre las cuentas de la Comuna y que mantenía postergados los pagos de servicios y una fuerte preocupación sobre la posibilidad de no poder cumplir con las cooperativas de trabajo. Habían sido muchos los cuestionamientos que en el ámbito jurídico había sufrido la medida de la magistrada, dado que se trató de un embargo “preventivo” por el reclamo que una organización le hace al municipio en materia de publicidad oficial y cuya pretensión todavía transita el período de prueba pericial en la primera instancia.
Con la recuperación de la disponibilidad del monto, Garro buscará ahora continuar con el aceleramiento de la gestión. Sobre este punto, el jefe comunal remarcó el viernes su énfasis en el bacheo intensivo en toda la Ciudad, que cuenta con 28 cuadrillas pertenecientes a las empresas que ganaron la licitación y 15 grupos que realizan tareas de labor primaria, a cargo del municipio.
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