El ministro de Energía, Juan José Aranguren, vendió las acciones que tenía en la petrolera Shell y que despertó polémica por la supuesta incompatibilidad con sus funciones en la administración pública, anunció el presidente Mauricio Macri.
También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que la decisión es "para acallar cualquier duda" y subrayó que Aranguren "es un ejemplo de ética y transparencia".
Por su parte, Aranguren insistió hoy con que no había "incompatibilidad" entre sus funciones públicas y la posesión de acciones de Shell, aunque dijo que las vendió por "la recomendación efectuada por la Oficina Anticorrupción".
Mediante un comunicado de prensa, Aranguren dijo que vendió "la totalidad de las acciones de la empresa Royal Dutch Shell Plc. de las que era titular, en los mercados bursátiles en las que cotizan", en forma electrónica y en presencia de un escribano público. Dijo que la operación "se concretó de acuerdo con la recomendación efectuada por la Oficina Anticorrupción en su resolución del 9 de septiembre pasado, no obstante la ausencia de una incompatibilidad legal con el ejercicio del cargo y de una obligación legal de transferir dichas acciones, señalada en dicha resolución".
En tanto, más temprano se supo que Aranguren delegará desde hoy en su par de Producción, Francisco Cabrera, todas las decisiones administrativas relacionadas con la empresa Shell, luego de la advertencia de la Oficina Anticorrupción sobre posible incompatibilidad en sus funciones debido a la participación accionaria en esa petrolera.
"Acéptase la excusación presentada por el señor ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para intervenir durante su gestión en todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas con la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. y/o con las empresas vinculadas a ésta, en las que pudiera corresponder su intervención en ejercicio de las competencias propias de dicho Ministerio", expresa el Decreto 1006/2016 publicado en el Boletín Oficial.
Según los considerandos, la excusación se basa en el artículo 15 inciso b de la Ley de Etica Pública, que señala que en el caso de incompatibilidad, un funcionario deberá "renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo" o "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años o tenga participación societaria".
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