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El juez federal en lo Contencioso Administrativo Alberto Recondo podría pronunciarse en las próximas horas respecto de la presentación realizada en la víspera por la ONG Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que pidió la suspensión de la audiencia pública convocada para pasado mañana por el gobierno nacional para debatir las futuras tarifas del gas natural para usuarios residenciales de todo el país.
El CEPIS formuló el pedido ante lo que caracterizó como “incumplimiento” del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la información que el Ministerio de Energía debía poner en conocimiento previo de los consumidores, para luego poder analizar en la audiencia de marras el precio del gas en boca de pozo.
Recondo solicitó informes al gobierno sobre este punto y también acerca de si en la audiencia se discutirá o no el cuadro tarifario para usuarios no residenciales del gas, y le dio un plazo de 24 horas para remitirlos.
En diferentes reuniones realizadas por el gobierno, en las últimas dos semanas, se aludió a incrementos promedio (de 203 por ciento) para el gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El ministerio de Energía impulsa sucesivos aumentos semestrales hasta octubre de 2019 para la eliminación total de subsidios a usuarios residenciales de todo el país, excepto para la Patagonia, donde lo aumentos se prorratearían hasta el año 2022, llegando a un precio de 6,78 dólares promedio, por millón de BTU (unidad de medida standard en materia de gas natural).
En la presentación del CEPIS se plantea que en dicha propuesta “no consta el costo del gas en boca de pozo por cuenca, por yacimiento y por empresa” y por ello, señalan, “no se puede analizar la razonabilidad de la suba”.
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