El fiscal Deltan Dallagnol, responsable del caso Petrobras, acusó ayer al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (70) de ser el “comandante máximo” de la red de corrupción en la petrolera estatal, que movió miles de millones de dólares. Los cargos por corrupción y lavado de dinero alcanzan a Lula, a su esposa, Marisa Leticia, y a otras siete personas. El fiscal dijo tener pruebas de que Lula recibió favores por 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) por parte de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por su responsabilidad en los desvíos de fondos de Petrobras.
De acuerdo con la acusación, la OAS pagó, reformó y amuebló un triplex en la playa de Guarujá (San Pablo) por el que Lula había pagado una cuota inicial para el uso de su familia. Igualmente, OAS pagó un millonario alquiler por el depósito en el que el ex jefe de Estado guardó durante cinco años los regalos que recibió durante su Presidencia.
FAVORES POR CONTRATOS
La fiscalía agregó que estos favores fueron el pago por tres contratos por 87 millones de reales (unos 26,4 millones de dólares) que la OAS se adjudicó de forma irregular para obras de dos refinerías de Petrobras. Dallagnol negó que las acusaciones fuesen una persecución contra Lula o contra su formación, el ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT). “No se está juzgando a Lula como persona ni se está juzgando a su Gobierno. Sólo se lo está imputando por crímenes puntuales que pueden ser comprobados”, indicó. “Tampoco se está juzgando la ideología del PT sino si la formación se involucró o no en crímenes específicos”, añadió.
Según el fiscal, las coimas pagadas por la OAS a Lula son la punta de un iceberg de una amplia red de corrupción que involucró a varias empresas estatales y organismos del Gobierno cuyos directores fueron nombrados directamente por el entonces mandatario para recaudar fondos para diferentes partidos políticos.
Agregó que las empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos con Petrobras pagaron sobornos por 6.200 millones de reales (unos 1.879 millones de dólares), pero que las pérdidas generadas por la corrupción sumaron 42.000 millones de reales (unos 12.727 millones de dólares).
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