Debates sobre inseguridad

LEOPOLDO MANCINELLI (*)

Se calcula que en los últimos años mueren dos policías al mes en la provincia de Buenos Aires.

Algunos caen en enfrentamientos con delincuentes y otros son abatidos cuando intentan quitarle su vehículo o vulnerar su domicilio. Es probable que los heridos en este tipo de actos represente una cantidad similar o mayor que la de muertos.

Cuando se intenta una aproximación para comprender la mecánica de estos casos, surge un elemento que podría ser clave para entender la extrema vulnerabilidad de los agentes. Y es la confianza que tienen en la Institución que los alista: ante una situación que supone un desenlace violento, se dan a conocer como agentes policiales y desenfundan su arma reglamentaria.

Para los delincuentes, esa advertencia no tiene un efecto disuasivo. Por lo general la mención del término policía despierta un ánimo exacerbado y un propósito cierto de abatir al agente, esté uniformado o no.

Vale decir, la contraseña que en apariencia pudiera protegerlo (“Alto, Policía”) lo marca como enemigo total.

Otro elemento que los agentes sienten como accesorio protector es la pistola reglamentaria. Saber que están armados y que tienen facultad para utilizar su arma en situaciones adecuadas, les otorga un cierto grado de seguridad. Ocurre que el arma que portan es un artefacto letal, con una potencia muy difícil de sopesar y un largo alcance, con lo que podrían afectar a terceros ajenos al ilícito.

Suponiendo que el agente haya visitado un polígono de tiro con cierta frecuencia y tenga una puntería aceptable, deberá enfrentarse con personas que aún teniendo armas de menor calibre, estén acostumbrados a su uso, se muestren mucho más desinhibidos al momento de apretar el gatillo, y menos preocupados por el daño que pudieran ocasionar a personas ajenas al asunto.

Los policías podrían beneficiarse en su funcionamiento si se los asesorara acerca del riesgo del arma que portan, el inconveniente de utilizarla en lugares públicos y la necesidad de ser entrenados en maniobras de inteligencia que maximice la posibilidad de solicitar refuerzos para enfrentar un ilícito.

Cuando los agentes salen a perseguir el auto de un presunto delincuente tienen que tomar en pocas cuadras una serie de gestos de manejo absolutamente riesgosos, que por lo general culmina con resultado traumático o letal para los integrantes de la persecución o para terceros ajenos al caso. Resultan tan peligrosas las persecuciones como el uso del arma reglamentaria en lugares. públicos.

Todos los trabajadores deben estar protegidos en el desarrollo de sus tareas, recibiendo la información y los elementos necesarios para evitar accidentes. Los policías también.

(*) Psicólogo.

Oscar Terminiello (*)

La cantidad de homicidios en ocasión de robo ocurridos en los que va del año en el Conurbano bonaerense, La Plata y zonas de influencia nos ha colocado nuevamente en una situación de alerta.

A eso debemos agregar las marchas por mayor seguridad realizadas en Santa Fe y Rosario, que provocaron un impacto nacional. Las permanentes interpelaciones públicas a las que son sometidos los responsables del área de seguridad, tanto nacional como provincial y municipal, parecen no causar ningún efecto para apaciguar a los ciudadanos de bien, que se ven sometidos a tal situación de zozobra.

Discutir si la culpa la tiene la corrupción policial, el abolicionismo judicial o la connivencia política, es como preguntarse qué nació primero, si el el huevo o la gallina.

José Ortega y Gasset conoció a la Argentina en época de crisis. Su mandato “¡argentinos, a las cosas!” suponía un diagnóstico que aún tiene vigencia: el fondo de descontento y tristeza de los argentinos, su sensación de ambiciones frustradas por anticipado, la búsqueda de modelos antes que de soluciones propias, les impedía usar a fondo su excepcional capacidad.

La solución es combatir el delito con todo el rigor que permite la Ley, respetando los derechos constitucionales. No hay más vueltas. El delito no debe ser “regulado”, como parecería que intentan hacer las fuerzas de seguridad. Basta de buscar permanentemente excusas. Eso sólo demuestra mediocridad para enfrentar nuestros problemas como sociedad organizada.

Este “estado de anomia” nos lleva a estar al borde de un “estado fallido”. El problema no se soluciona con parches ni sólo persiguiendo a un sector del delito organizado. Esto merece un ataque frontal desde todos los sectores de la administración, con un objetivo común que no es otro que recuperar la tranquilidad perdida.

Con concentraciones aquí y allá, con reunión en centros de fomento o en plena calle, ¿qué logros se han conseguido? Sólo se escuchan promesas y más promesas. Es hora de que los funcionarios se coloquen en la piel del vecino, de la víctima, y que no usen los medios que el Estado les otorga tan solo para su propia seguridad, o bien para organizar foros para contener a las víctimas. Basta. No debemos tapar el pozo después de que cae el niño sino antes. El Estado ha perdido la capacidad anticipatoria, por complicidad o por desconocimiento. Muchos países del mundo han pasado por esta situación y han tenido retorno. Otros, sin embargo, vemos cómo se desangran diariamente.

Para comenzar, debería colocarse el engranaje adecuado en la maquinaria. A nadie se le ocurriría dejarse operar el corazón por un ingeniero sino por un medico.

Nuestra sociedad adolece de muchas cosas que apañan sus virtudes pero parecería normal ver que la opinión es más importante que el conocimiento.

Nadie puede prevenir delictualmente, investigar judicialmente, contener socialmente y/o legislar adecuadamente sobre un tema que desconoce. Sin embargo, eso parece ser lo común. Y que cada cual lleve agua para su molino político, mientras la sangre de los ciudadanos de bien corre por las calles.

(*) Licenciado en seguridad