Por
Mariano Spezzapria
Después de largos meses que transitó a los tumbos, sin poder implementar el tarifazo ni, por ende, una reducción de cuantiosos subsidios estatales, el Gobierno empezó a cerrar una etapa que no estaba en los planes del presidente Macri ni de su ministro Aranguren. Ninguno de los dos pensó, en efecto, que se debía llamar a una audiencia como la que comenzó ayer en la Usina del Arte.
Se trata, en rigor, de un foro que el Gobierno nunca hubiera convocado, de no ser por el fallo de la Corte Suprema que recordó la vigencia de los derechos de los usuarios y consumidores detallados expresamente en la Constitución. Ese error original de la nobel gestión de Cambiemos pudo haber sido subsanado antes, pero la inacción posterior provocó una escalada del conflicto.
De acuerdo a lo que pudo constatar EL DIA en el comienzo de la audiencia, los temores oficiales a este tipo de encuentros no estaban justificados. De hecho, el ministro Aranguren pudo explicar la nueva propuesta para aumentar la tarifa del gas residencial sin que ninguno de los presentes lo interrumpiera. Hasta se llevó unos aplausos al final de su intervención de 15 minutos.
Si bien más tarde hubo un momento de tensión cuando un diputado puntano se dirigió a las autoridades de la audiencia a los gritos, la mayoría de las personas que formaron parte del auditorio no se plegaron al exabrupto. Hasta los discursos de los empresarios responsables de las empresas que reclaman el aumento tarifario fueron seguidos sin reprobación ni descalificaciones.
“Aplaudimos los discursos por una cuestión de respeto, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con el contenido”, dijo a este diario la representante de una asociación de consumidores, que también se preguntó si el gobierno tendrá la vocación de “controlar a las empresas” –en cuanto a las inversiones de infraestructura- una vez que se instrumente el nuevo cuadro tarifario.
Sin embargo, algunos representantes de los usuarios admitieron por lo bajo que es necesario “sincerar las tarifas”, para superar la “fantasía” que a su criterio se impuso en materia energética durante la década kirchnerista. Aunque reclamaron al gobierno que lo haga de forma ordenada, guardando un criterio de “proporción”, que tenga en cuenta la situación económica imperante.
La postura de los políticos opositores que se acercaron a la audiencia fue distinta. La mayoría concibió el debate como una pulseada con el gobierno, en la búsqueda de interferir en la sintonía que toda nueva administración suele tener con la sociedad. En buena medida, cumplieron ese objetivo porque la “batalla de las tarifas” impactó negativamente en el estado de ánimo colectivo.
Pero en conversaciones privadas, admitieron que ayer empezó a agotarse esta discusión que les dio buenos dividendos políticos. “Ahora viene lo de la luz y el agua, pero no será lo mismo”, concedió un intendente del Conurbano en un impasse de la audiencia. De todos modos, llamó la atención sobre la situación de las pymes y el aumento del GNC, que rebota en el aparato productivo.
Aranguren anticipó, no obstante, que el Gobierno escuchará las sugerencias que se hagan durante la audiencia tanto sobre el GNC como para el gas comercial, cuyo aumento está con plena vigencia porque no fue rechazado por el fallo de la Corte. El ministro de Energía demostró que había preparado su discurso. O que fue bien “coucheado”, como suele decirse en la jerga política.
“El objetivo del Gobierno es una disminución gradual y previsible de los subsidios”, aseguró desde una tarima montada sobre el escenario central de la Usina. Allí se percibió alguna desprolijidad en la organización, como una demora en la acreditación de los oradores a raíz de un corte de luz, pero la audiencia permitió iniciar el camino hacia una normalización de la política energética.
Aranguren es, por lejos, el ministro más cuestionado del Gabinete. Tanto, que debió vender las acciones de Shell que tenía en su poder tras un dictamen de la Oficina Anticorrupción, que fue interpretado por un “mensaje interno” de Cambiemos para el funcionario. Habrá que ver, tras esta audiencia pública del gas, cómo queda parado en la consideración política del presidente Macri.
“Luego de esta audiencia pública pensamos aprobar el nuevo cuadro tarifario”, afirmó el ministro y anticipó que contendrá un aumento promedio del 203%. También precisó que las facturas de los hogares que menos consumen serán de sólo 107 pesos mensuales. A algunos de los presentes no les gustó que hiciera el anuncio sin antes escuchar lo que tenían para decir los demás actores.
Pero la audiencia no es vinculante, sino un instrumento de participación ciudadana. El Gobierno no tuvo la sensibilidad política para convocarla en el momento oportuno y pagó las consecuencias.
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