Lázaro Báez, detenido hace seis meses en la cárcel de Ezeiza en la causa por lavado de activos -conocida como “ruta del dinero K”-, pidió ayer la prisión domiciliaria por razones de salud ante el juez federal Sebastián Casanello, quien resolvió declararse incompetente en la parte del expediente donde se investigan delitos relacionados con la obra pública y envió ese tramo del caso a su colega Julián Ercolini, quien ya llamó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández por los presuntos beneficios otorgados al empresario santacruceño.
La defensa de Báez, a cargo de Maximiliano Rusconi, solicitó la prisión domiciliaria de su cliente en base a problemas de salud, al detallar los 20 kilos que bajó estando en prisión, el deterioro que se evidencia en su estado y su patología de diabetes agravada por el sedentarismo que impone la cárcel, indicaron fuentes judiciales.
otra indagatoria
Por otra parte, Lázaro Báez adelantó a la Justicia la posibilidad de acogerse a la moratoria fiscal, que lanzó el gobierno de Macri, por supuesta evasión de los aportes jubilatorios de sus empleados. El titular de Austral Construcciones SA compareció en declaración indagatoria ante el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada y le pidió que “libre oficio a la AFIP” para que “informen sobre la factibilidad de adecuarse a la nueva ley por parte de las empresas involucradas”.
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