El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, pidió ayer “ser muy cuidadosos” en el acuerdo con el Reino Unido por las Islas Malvinas para “no perjudicar” las “posiciones de negociación”, al tiempo que ratificó la determinación de Argentina para discutir “soberanía” con Gran Bretaña.
El referente del oficialismo habló del tema después de que varios sectores de la oposición y ex combatientes cuestionaran muy fuerte los nuevos acuerdos firmados con Londres, que tienen como eje la incorporación de un nuevo vuelo mensual a las Islas y la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona marítima del conflicto.
“Con Malvinas hay que ser muy prudentes. Somos conscientes de que no es un tema que se va a resolver en dos minutos, pero lo queremos resolver”, señaló Pinedo y amplió que “quiere decir que queremos que nos sentemos a negociar soberanía con Gran Bretaña, como dijeron las Naciones Unidas”.
“nuevo clima”
El viernes por la noche Cancillería, en un comunicado, confió que “el nuevo clima” en la relación con el Reino Unido, reflejado en el documento conjunto firmado por la canciller Susana Malcorra y el ministro británico Alan Duncan, “permitirá oportunamente el inicio de conversaciones” por la soberanía de las Islas Malvinas.
Después de conocerse las críticas de la oposición parlamentaria, la Cancillería destacó que la declaración del 13 de septiembre “refleja la voluntad de ambos países de iniciar una nueva etapa positiva en la histórica y rica relación bilateral”.
Tras reiterar los ítems que incluyó el documento conjunto, entre ellos la colaboración en el combate al “narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado”, la Cancillería recordó además que “refleja la voluntad política de las partes de reiniciar un diálogo sobre todos los temas del Atlántico Sur, sin exclusiones y bajo la fórmula del paraguas de soberanía acordada en 1989”.
En cambio, diputados del FpV y de la izquierda pidieron la comparecencia de la canciller en el Congreso. Ex combatientes, por su parte, afirmaron que el Gobierno incurre en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público al “alejarse del mandato constitucional” de ratificar la soberanía.
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