La audiencia pública no vinculante por el incremento de la tarifa de gas transcurrió como un trámite formal que culminó sin demasiados sobresaltos para el Gobierno, tras el duro revés que significó el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia que había frenado el aumento del servicio.
La calma general en la que se llevaron a cabo las tres jornadas de audiencia en la Usina del Arte del barrio porteño de La Boca no fue una mera casualidad: el Gobierno se encargó de desplegar un significativo operativo de seguridad para evitar cualquier incidente que significara un costo político mayor que el padecido por las idas y vueltas en el aumento de las tarifas.
Tras el balance positivo de un debate que finalizó sin sobresaltos, cobra más peso el error político de haber intentado sortear una instancia legal que de haberla realizado en abril, antes de emitir las resoluciones 27 y 31, se hubiera ahorrado un fallo en contra de la Corte Suprema, algunas numerosas protestas y otros tantos millones de dólares.
POCOS CONCURRENTES
“La idea es pasar estas audiencias con la mayor tranquilidad posible”, dijo uno de los organizadores de las jornadas, que tan tranquilas fueron que en los últimos dos días de debate no hubo más de 30 personas en el auditorio.
Esto se consiguió gracias a un megaoperativo de seguridad que neutralizó a los manifestantes que se acercaron a las inmediaciones de la Usina del Arte el viernes y a un complejo y limitado sistema de acreditación para aquellos que quisieran presenciar la audiencia, por lo que no hubo banderas, ni grupos de militantes, ni grandes griteríos dentro del auditorio.
Eso no fue todo: la realización del foro de inversiones “mini Davos”, por el que pasaron un centenar de CEOs y representantes de 1900 compañías, la misma semana de la audiencia, también permitió desviar la atención hacia un evento mucho más auspicioso para el Gobierno.
La calma de la audiencia apenas se rompió el primer día cuando dos diputados kirchneristas interrumpieron a los gritos el debate para denunciar la falta de participación, situación que fue neutralizada con rapidez por el moderador Javier Corcuera, quien prometió revisar la situación.
En el ese marco, y respaldado por petroleras y concesionarias, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, pudo explayarse sobre el nuevo cuadro tarifario que el Gobierno pretende implementar a partir de octubre y que implica un aumento de 203 por ciento en promedio.
Tras destacar en varias oportunidades que -tal como reclamó la Corte- se buscará implementar un aumento “gradual” y “previsible”, el funcionario detalló que para los usuarios de bajo consumo, que son el 56 por ciento del total, habrá facturas sin impuestos de 107 pesos de promedio mensual y una tarifa social que alcanzará a más de 1.550.000 personas.
Las críticas estuvieron concentradas en “la falta de información sobre el precio del gas a boca de pozo”, la “dolarización de las tarifas” y la deficiencias en la aplicación de la tarifa social que alcanza a los sectores más vulnerables.
Los sectores de izquierda, además, reclamaron por “la falta de rendición de cuentas sobre los subsidios millonarios que recibieron las empresas de transporte y distribución de gas” en los últimos años. Aunque no estaban contempladas en el fallo de 111 fojas que emitió la Corte Suprema el 18 de agosto, las pymes también llevaron su reclamo al debate sobre la “incertidumbre” que genera el aumento de las tarifas para el futuro del sector.
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