El juez federal Daniel Rafecas amplió ayer el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas José López por la mansión donde vivía en Dique Luján (Tigre) y procesó a su esposa y dos allegados al matrimonio, sospechados de ser testaferros, mientras dictó la falta de mérito de la hermana Inés, la única religiosa imputada en el escándalo de los dólares que el ex funcionario quiso esconder en un convento.
Además, Rafecas hizo una denuncia penal ante la Cámara Federal para que se investigue si durante el kirchnerismo se perpetró algún delito mediante “la vinculación económica” que habría existido entre Obras Públicas y el Arzobispado de Mercedes-Luján, cuando su titular era el fallecido obispo Rubén Di Monte.
Según se desprende del fallo, la secretaría de Obras Públicas hizo convenios por fondos millonarios para reformas en el monasterio donde fue arrestado el 14 de junio pasado el ex secretario, con casi nueve millones de dólares en su poder.
Ya procesado por enriquecimiento ilícito por no poder explicar el origen de ese dinero, Rafecas dictó ahora una resolución de casi 700 páginas donde le amplió el procesamiento y elevó su embargo a 220 millones de pesos, al atribuirle como propio el terreno y la casa de Dique Luján donde vivía con su esposa desde 2001 y que está valuada en unos 700 mil dólares.
Incluso la resolución muestra fotos de esa vivienda y la que la familia López tenía en Río Gallegos, en lo que se encontró una “significativa semejanza” que respondía a las directivas dadas por la esposa de López en las reformas.
Díaz fue considerada “partícipe necesaria” del enriquecimiento por entender que tuvo un rol activo “en la incorporación del inmueble al patrimonio de López, desde un comienzo y hasta su finalización, a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo”. La misma figura recayó sobre los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez.
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