La Iglesia cuestionó hoy la intervención de la Justicia en el convento de la localidad entrerriana de Nogoyá, donde se investigan denuncias presentadas por torturas y privación ilegítima de la libertad, y reclamó respeto por "la libertad religiosa".
La Conferencia Episcopal Argentina consideró en un comunicado que "no había ningún motivo" para allanar "de ese modo" la casa religiosa, como se hizo el 25 de agosto, pero aseguró que la Iglesia "no busca privilegios" y que si hubo delitos es "la primera interesada" en que se esclarezca el caso.
"Llamó la atención el modo de proceder de las autoridades intervinientes. No había ni hay ningún motivo para presumir que un monasterio conocido y de extendida presencia necesitara ser allanado de ese modo", sostuvo.
El 25 de agosto el fiscal Federico Uriburu estuvo al frente del allanamiento al convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de Nogoyá, y tras el procedimiento dijo que en el lugar se encontraron "elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios".
El allanamiento al convento se realizó por orden del juez de Garantías, Gustavo Acosta, tras una denuncia sobre privación ilegítima de la libertad agravada, castigos intramuros, desnutrición, autoflagelación, y el uso del látigo, cilicio y mordazas, entre otros elementos.
En tanto, el fiscal Uriburu tomó declaración testimonial a ex monjas del convento que confirmaron que eran sometidas a "tortura psicológica, castigo físico, encierro y duras reprimendas por parte de la madre superiora".
Asimismo, imputó a la superiora del convento carmelita, Luisa Toledo, por el delito de "privación ilegítima de la libertad" de monjas de esa congregación. Toledo también fue desplazada de su cargo en el convento en el marco de las medidas judiciales "para garantizar la transparencia" de la investigación.
En el comunicado, la Iglesia sostuvo que "esa forma de actuar, que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica".
El Episcopado insistió en afirmar que "la Iglesia Católica no busca ningún privilegio frente a la legítima acción del Estado en la investigación y sanción de los delitos que puedan cometerse en cualquier ámbito".
"Si efectivamente se hubieran cometidos delitos, la Iglesia es la primera interesada en que se haga justicia", subrayó en el comunicado.
Asimismo, reclamó que "la Justicia se expida con prontitud, que lo haga en base a elementos objetivos y respetando en toda su amplitud la legislación vigente y la libertad religiosa de las personas y de la Iglesia misma".
En otro párrafo del documento, la Iglesia reconoció que "la forma de vida de las monjas contemplativas, que se dedican a la oración y el trabajo silencioso, puede ser difícil de comprender" en este tiempo y reafirmó "la especial estima, valoración y agradecimiento" que los obispos y la feligresía tienen hacia la vida religiosa contemplativa.
"Acompañamos al obispo del lugar y exhortamos a los fieles a unirse en oración por todos quienes ejercen un grado de autoridad en este caso, para que lo hagan con los necesarios recaudos jurídicos que requiere un hecho que presenta instancias canónicas que deben ser tenidas en cuenta", concluyó.
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