La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó ayer que “si efectivamente se hubieran cometidos delitos, la Iglesia es la primera interesada en que se haga justicia”, al referirse a la causa judicial que se abrió a partir de la denuncia de torturas físicas en el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, y expresó su interés por que la justicia se expida pronto.
En este sentido, se manifestó de acuerdo con la investigación penal y precisó que “la Iglesia Católica no busca ningún privilegio”.
No obstante, señaló que “en este caso concreto llamó la atención el modo de proceder de las autoridades intervinientes. No había ni hay ningún motivo para presumir que un monasterio conocido y de extendida presencia necesitara ser allanado de ese modo”.
“Esa forma de actuar -aclaró la CEA a través de un comunicado- que sería igualmente poco adecuada en una casa de familia, ofende especialmente a la consideración que merece una casa de oración legítimamente constituida, y al sentimiento religioso de la comunidad católica”.
El allanamiento al Monasterio se realizó en las primeras horas del 28 de agosto pasado, a partir de una denuncia sobre supuestos casos de torturas, y en el operativo se encontraron instrumentos de castigo.
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