Breves - El País

Intervienen la constructora de Lázaro Báez

La Inspección General de Justicia (IGJ) y la sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso la intervención de la empresa Austral Construcciones, la firma del detenido Lázaro Báez. La decisión fue de los jueces Eduardo Machin, Julia Villanueva y Juan Garibotto y quedará a cargo de un perito de la Corte de la Nación. “La intervención será dispuesta en grado de coadministración, aclarándose que no podrá llevarse a cabo ninguna decisión orgánica sin contar con la conformidad del interventor designado”, se indicó en la resolución. La firma de Báez es investigada penalmente y ya había sufrido restricciones, pero la decisión tomada por la Justicia en lo Comercial agrava su situación.

Indagatoria al socio de Cristóbal López

Fabián de Sousa, el socio del empresario kirchnerista Cristóbal López, entregó ayer un escrito de descargo a la Justicia donde denunció una “causa política”, al presentarse en declaración indagatoria por el supuesto desvío de 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que debían ir a la AFIP. Fuentes judiciales informaron que De Sousa hizo su descargo en la audiencia ante el juez federal Julián Ercolini, que ya dispuso la inhibición general de bienes del imputado, de López y de todas las empresas de su Grupo Indalo. El empresario concurrió a la indagatoria asistido por el abogado Carlos Beraldi, el mismo que defiende a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa en que está procesada por las operaciones de venta de dólar a futuro. Hoy es el turno en los tribunales de Cristóbal López.

Tragedia de Once: otro tribunal para De Vido

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido será juzgado en la causa por la tragedia de Once por un tribunal oral distinto al que condenó en diciembre pasado, entre otros, a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Fuentes judiciales informaron ayer que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) aceptó la recusación planteada por el ex funcionario de la administración kirchnerista por “temor de parcialidad”, ya que los magistrados habían dado su opinión sobre el tema. El tribunal fue el que reclamó investigar las responsabilidades penales de De Vido en el siniestro ferroviario que se produjo el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas.