“Una asociación con el propósito de cometer delitos”

En el fallo de hoy, la jueza Marcela Garmendia les imputó a los jefes policiales los delitos de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”.

Según la magistrada, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo de al menos seis policías integraron en forma organizada una asociación con el propósito de cometer delitos en el ámbito de la jefatura en la que prestaban servicios”.

Garmendia dio por acreditado que se recaudaba dinero en forma ilegal con la participación de policías de diferentes dependencias de la jurisdicción “que luego lo entregaban a la jefatura departamental y lo distribuía de acuerdo a la jerarquía que ocupaban”.

El fallo precisa que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada “quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes, por ejemplo, a cambio de seguridad o funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes”.

Entre ellos, cita el caso de una remisería que pagaba 300 pesos por semana o de un supermercado que entregaba mil pesos, ambos para garantizar la seguridad en sus comercios.

Para Garmendia, los seis jefes policiales integraban una “organización con permanencia y estructura jerarquizada con férreas normas de funcionamiento interno donde el poder decisorio recae en la cúpula”.

Consignó también que el dinero que se les exigía a los comerciantes se obtenía “valiéndose del temor funcional que reviste el cargo policial” y detalló que los ingresos de los jefes de las comisarías que iban a entregar los sobres con dinero “no se registraban en el libro de guardias de la Departamental”.

“La falta de registro de ingresos pone en evidencia la clara intención de evitar registro alguno del personal policial que concurría al lugar a entregar el dinero mal habido y asegurar su impunidad”, graficó.

Como prueba, tuvo también en cuenta el peritaje caligráfico realizado en los sobres, con el que se confirmó que dos corresponden a Frare y Jurado, dos de los jefes policiales con orden de detención.

La jueza también consignó testimonios de diferentes policías que declararon que el 1 de abril llevaron a los jefes de comisarías a la Departamental para entregar documentación, que serían los sobres con dinero.

Además, un informe de Nextel confirmó que ese día Camerini, Carballo, Huck y Skramowsky, que integran la cúpula de la Departamental, se comunicaron con 10 jefes de comisarías.

En el fallo, Garmendia sugiere además profundizar la pesquisa en torno la relación que guardan los patrimonios respecto de sus ingresos de los policías investigados.

Por su parte, el fiscal Marcelo Martini reveló que "una hora antes de que Asuntos Internos realizó el procedimiento en la departamental las cámaras de seguridad de la zona tomaron a varios jefes policiales ingresando a la dependencia policial".

"La recaudación ilegal de la Policía es un modus operandi que viene desde hace tiempo y que recién ahora se ha podido demostrar", aseguró y no descartó que "parte de este dinero fuera para más arriba".

Para Martini, este es un caso de los denominados "delitos de miedo, porque nadie se va a negar a darle dinero a la Policía. Tienen miedo de que si no obedecen les pase algo".