A pocas horas de que se confirmara la salida de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, desde el bloque de senadores del peronismo presentaron un proyecto que propone implementar audiencias públicas para la elección de los jueces del máximo tribunal provincial.
La iniciativa lleva la firma del presidente del Bloque Peronista del Senado, Patricio García, y busca definir un nuevo mecanismo de participación democrática para cubrir vacantes en la Corte bonaerense.
El proyecto dispone cambios en el reglamento interno de la Cámara de Senadores de forma tal de posibilitar, antes de la prestación de los acuerdos, la realización de audiencias públicas en donde se analizarían los pliegos de los candidatos que proponga el Ejecutivo, tal como sucede a nivel nacional.
La reforma también dispone que el candidato propuesto por el Ejecutivo deberá presentar “una amplia declaración jurada de actividades y bienes que permita dar cuenta de sus condiciones de idoneidad profesional y moral”.
De sancionarse el proyecto de García, se abrirá una instancia en la que los ciudadanos podrán formular impugnaciones y luego se convocará a una audiencia pública en la que se debatirán esos rechazos.
La iniciativa fue presentada luego de que se conociera la renuncia del ministro Juan Carlos Hitters a partir del 31 de octubre, lo que abre una vacante en el máximo tribunal bonaerense. Frente a esta situación, la gobernadora María Eugenia Vidal deberá enviar al Senado los pliegos de un aspirante al cargo.
En los fundamentos del proyecto García explicó que “nuestra forma de gobierno ha comenzado a mutar de una república representativa clásica a una república democrática y participativa en la cual la clase política no tiene el monopolio de la totalidad de las decisiones que hacen al sistema institucional”.
“Pese a que el sistema de designación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia no ha sido modificado, estamos convencidos de que decisiones de semejante envergadura -como es la designación para cargos vitalicios que entre sus competencias constitucionales cuentan con la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes- requieren un proceso especial que garantice, de cara a la sociedad, la mejor decisión”, señaló el senador bonaerense.
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