En la actualidad los clubes de barrio de nuestra ciudad se encuentran expuestos a los aumentos tarifarios en los servicios públicos dispuestos por el Gobierno nacional, sin que estas entidades dispongan de una legislación capaz de reconocer las trascendentes prestaciones sociales que brindan y, por consiguiente, de contenerlos en un cuadro normativo comprensivo de sus especiales y valiosas características. Por lo pronto, debe consignarse que desde hace muchas décadas y venciendo siempre las emergencias, en ocasiones muy graves, estas instituciones vinieron cumpliendo roles esenciales para la vida social.
Lo cierto es que, ahora, las serias dificultades económicas que vuelven a jaquear a los clubes barrio platenses –la mayoría de ellos modestos y subordinados a ingresos mensuales muy reducidos- se ven agravadas por los sustanciales aumentos tarifarios y que, tal como se informó en las últimas jornadas, las instituciones platenses adelantaron que darán batalla en la Justicia para frenar estos incrementos.
Sucede que si bien días atrás la Corte Suprema anuló el aumento de gas para los usuarios residenciales de todo el país y le ordenó al Gobierno que realice las audiencias públicas antes de poder cobrar las subas por ese servicio, el fallo no incluyó a las organizaciones productivas y comerciales, que serán alcanzadas por los aumentos.
Desde la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata explicaron que esa situación afecta directamente a los clubes, ya que la mayoría de ellos están incluidos en las categorías de consumo más altas, y, al igual que el comercio y la industria, deben afrontar entonces las subas que afecten el precio de ese combustible.
En ese contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentó en las últimas jornadas una acción de amparo colectiva o de clase ante la justicia federal de San Martín, en el que solicitó se declare la nulidad de los artículos que determinaron el incremento del gas para las organizaciones productivas y comerciales, que quedaron excluidas del fallo del máximo tribunal del país, debido a que esa presentación hizo foco en la situación de los usuarios residenciales.
Bien se conoce que las entidades de bien público barriales se vieron siempre presionadas por deudas de diversa índole y, asimismo, por trabas burocráticas que atentaron contra sus posibilidades de crecimiento, en cuadros que se presentaron -a veces con notable crudeza- en las últimas décadas.
Crecidos del esfuerzo solidario de los vecinos y sostenidos por esas mismas bases, los clubes de barrio de nuestra zona, sus sociedades de fomento y sus instituciones sociales han entregado generosamente lo mejor de su espíritu. Ligadas a la historia de cada barrio y con una función social irremplazable, prestadas en muchos casos a partir de sus valiosas bibliotecas, muchas de estas entidades han sobrevivido a las peores crisis.
Más allá, entonces, de las resoluciones particulares que el Gobierno debiera dictar para acudir en defensa de estas entidades, eximiéndolas concretamente de aumentos tarifarios extremadamente gravosos e imposibles de afrontar, parecería ya imprescindible tipificar la personalidad jurídica de los clubes de barrio a través de una ley específica que reconozca la excelencia de los servicios que prestan y que, a su vez, mediante una prudente valoración normativa, les garantice continuidad.
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