A poco de cumplir el segundo aniversario del asesinato, sin detenidos ni pistas claras, la familia de Lola Chomnalez, la joven argentina hallada muerta en diciembre de 2014 en Uruguay, le pidió a la Justicia de ese país que los ADN de más de 3.500 presos sean cotejados con las muestras obtenidas en la escena del crimen.
El pedido fue hecho el miércoles ante la Justicia Penal por el abogado Jorge Barrera e incluye a los 3.400 reclusos del Comcar, la alcaidía más poblada de Uruguay, y los 113 de la cárcel de Rocha.
La defensa de la familia presume que el posible asesino de Lola podría estar preso por haber cometido otro delito. Además, sostiene que el levantamiento de muestras de ADN a los presos que recién ingresan se hace en forma irregular por la Policía Científica, y que en el interior ni siquiera se realiza.
A casi dos años de la muerte de la chica de 15 años, la única prueba que tiene la Justicia de Rocha y la Policía es una muestra de ADN extraída a una de las prendas que se encontraba en su mochila.
“Creemos que ésta (el levantamiento de muestras de ADN de los presos del Comcar y de la cárcel de Rocha) es una herramienta fundamental para esclarecer el crimen que no se puede obviar”, sostiene el escrito presentado por Barrera.
Por el Juzgado Penal de Rocha ya pasaron 30 personas que fueron investigadas, entre ellas del entorno de Lola.
La chica había ido al balneario de Barra de Valizas a pasar las fiestas de 2014 con su madrina, el marido y el hijo adolescente de la mujer. La mataron a cuchilladas y la dejaron semienterrada en la arena.
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