El Gobierno quiere evitar un nuevo fallo contra los tarifazos

El Gobierno le pidió a la Corte Suprema de Justicia rechazar la medida cautelar contra el incremento de la luz por “problemas procesales”, aunque volvió a reconocer errores en la aplicación del aumento del cuadro tarifario de gas, al señalar que “no hay otra vía posible que la del gradualismo”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que el máximo tribunal debería rechazar la medida cautelar contra los aumentos de la energía eléctrica por “problemas procesales y de cómo se condujo este proceso”, al apuntar que “quienes presentaron esta acción no tenían legitimación”.

“Más allá de las revisiones que hagamos adelante, no hay otra vía posible que la del gradualismo”, dijo, por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat- Gay y añadió que el fallo del máximo tribunal que anuló el incremento en las tarifas de gas “responde a eso”.

En ese sentido, sostuvo que “más allá de la formalidad” del reclamo de la audiencia pública, la Corte Suprema “también dice que debemos tener un criterio

ERROR Y ADMISION

El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que fue el Gobierno el que se equivocó en la aplicación del nuevo cuadro tarifario, aunque aclaró: “Lo reconocimos”.

“Cuando salió el fallo, no empezamos a discutir el fallo. No perdemos el tiempo con eso, porque es la Corte Suprema. Dijimos: ‘Bueno, muy bien, vamos a hacer la audiencia’, y esperamos que todos los sectores ayuden para que la audiencia sea pacífica, y estamos planteando un esquema más gradual del que veníamos proyectando”, concluyó.

PARA LA ZONA METROPOLITANA

Por otro lado, Garavano advirtió que “el Gobierno está esperando el pronunciamiento en relación a la electricidad para ver qué camino tomar”, pero recordó que la decisión que tiene pendiente la Corte Suprema al respecto “sólo apunta a ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires”.

“En el caso de la electricidad, lo que está recurrido no es una sentencia de fondo, como en el caso del gas, sino una medida cautelar que se dictó en la provincia de Buenos Aires, solamente para los aumentos de Edenor y Edesur”, puntualizó.

El funcionario aclaró que “el Gobierno se está mostrando muy respetuoso de las decisiones de la Justicia, en ese caso, de la Corte”, por lo que resaltó que a las 24 horas de fallo que frenó el aumento del gas “se cumplió el mandato, a diferencia del gobierno anterior que salía a criticar a los jueces, y convocó a audiencias”.

En el caso de la luz, Garavano opinó que “quienes presentaron esta acción no tenían legitimación para presentarla porque eran diputados del Frente para la Victoria (FpV)”, por lo que concluyó que “la Corte debiera marcar que hubo problemas procesales y de cómo se condujo este proceso”.

Uno de los amparos para frenar el aumento en la electricidad fue presentado por un grupo de legisladores bonaerenses del FpV, aunque también hizo su planteo en la misma dirección la ONG Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), una de las que logró ponerle un freno al aumento del gas, además de asociaciones de vecinos.

NUEVO CUADRO TARIFARIO

Mientras, días atrás el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, anticipó que el Gobierno presentará en la semana que comienza un nuevo esquema tarifario para el gas, que será puesto a consideración de los gobernadores, legisladores, asociaciones de consumidores y actores del sector energético previo a la realización de la Audiencia Pública del 16 de septiembre.

“Este es un nuevo esquema” y no una modificación de la actualización tarifaria que fue rechazada por la Justicia, aclaró el titular de la cartera política. Los detalles de la iniciativa fueron consensuados por el Ministerio de Energía y el grupo de ex secretarios del sector que conforman el Consejo Consultivo de Políticas Energéticas.

La expectativa se mantiene respecto al tope que podrá contemplar el nuevo esquema tarifario, los plazos de aplicación de los incrementos, y si se revisarán los incrementos de hasta el 500 por ciento hoy vigentes para los sectores productivos y comerciales que no fueron contemplados en el fallo de la Corte Suprema.

Por ese motivo, ahora han recurrido con distintos amparos, que la Justicia deberá resolver si no hay una salida política.