El desplazado ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar "Caballo" Suárez, fue imputado hoy por la presunta comisión del delito de lavado de activos a través de empresas fantasma del rubro marítimo.
El fiscal federal Ramiro González le requirió hoy al juez Rodolfo Canicoba Corral que el sindicalista, sea investigado por el presunto delito de haber sacado plata del sindicato marítimo a través de empresas controladas por gente de su entorno.
La denuncia contra Suárez fue realizada por la interventora del sindicato, la diputada nacional del PRO Gladys González, quien sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.
De acuerdo al requerimiento de instrucción al que tuvo acceso Télam, las sociedades de las que se sospecha son Fundación Azul para el cuidado y la preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre; Marítima Maruba SA; Mercantes SA; Pescamarine SA y San Jorge Marítima SA; entre otras.
La interventora del SOMU había señalado que la Fundación Azul, previo a que fuera designada una comisión interventora, estuvo presidida por el propio Omar Suárez y tuvo como tesorera a su hijastra María del Carmen Cabrera Peña.
La denunciante también señaló que Mercante SA tenía entre sus accionistas a Jorge Suárez, sobrino del "Caballo", y a Juan Manuel Medina, desplazado tesorero del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y hombre de confianza de su ex titular.
La diputada González sostuvo además que ni Jorge Suárez ni Juan Manuel Medina tenían una actividad económica legal, en relación de dependencia o en calidad de autónomos, "que les permitiera hacerse cargo de los fondos necesarios para incursionar en el negocio naviero", según recordó el fiscal.
El "Caballo" Suárez fue desplazado del SOMU en febrero de este año acusado de haber desviado fondos del sindicato y fue imputado por el juez Canicoba Corral como presunto jefe de una asociación ilícita y por administración fraudulenta en perjuicio del gremio y su obra social.
En su declaración indagatoria en relación a ese hecho, Suárez rechazó "haber cometido delitos en perjuicio del Sindicato de Obreros Marítimos ni `acto alguno que pueda ser calificado como infiel o abusivo´".
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