El Senado dio ayer sanción definitiva al proyecto de ley que modifica el Código Penal por el cual se crea un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, y aprobó, con cambios, el que amplía la figura del arrepentido para los delitos de corrupción.
Este último proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara baja y ahora debe volver a ese cuerpo, lo que implica que por primera vez el Gobierno nacional ve regresar a la cámara de origen un proyecto de su interés, desde el inicio de su gestión.
En el caso de la ley de Flagrancia, fue sancionada en la votación en general, por 63 votos afirmativos contra 3 negativos; mientras en el proyecto de Arrepentido fue aprobada por 57 votos a favor, 4 negativos de los kirchneristas Ana Almirón, María de los Angeles Sacnún, Marcelo Fuentes y María Pilatti de Vergara; y 4 abstenciones de los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Virginia García y sus compañeros del bloque PJ-FpV Ruperto Godoy e Hilda Aguirre.
El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el peronista entrerriano Pedro Guastavino, ofició de informante de ambos proyectos, y, en el caso de la ley de Arrepentido, explicó que se trata de una modificación del Código Penal “para mejorar la media sanción de Diputados y lograr una herramienta eficaz y llegar rápido a una sentencia”.
Reseñó además que la figura ya existe en el Código para delitos de “narcotráfico, terrorismo, trata de persona o secuestro extorsivo” y que con la reforma la amplía para delitos de corrupción o “contra la administración pública”.
Entre los cambios incorporados por los senadores se incluye el plazo para que el acusado pueda hacer uso de esa figura “hasta antes del acto de elevación a juicio” de la causa, por lo cual está obligado a dar “información corroborable en el plazo máximo de un año” y vincular a personas con igual o mayor responsabilidad en la trama delictiva.
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