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Es Daniel Piqué. Para la fiscalía, no cumplió con los deberes a su cargo y permitió la realización del evento
Daniel Piqué, secretario de Seguridad de La Plata, aseguró ayer que “me pongo a disposición de la Justicia para responder a lo que se me pida”
En el marco de la causa que investiga la muerte de Yésica Emilia Uscamayta Curí (26), ocurrida el 1º de enero pasado en una quinta de Melchor Romero, donde se desarrolló una fiesta clandestina con la participación de unas 300 personas, el fiscal penal que investiga el hecho, Alvaro Garganta, citó a indagatoria al Secretario Comunal de Seguridad, Daniel Piqué, a quien imputó por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, en los términos del artículo 249 del Código Penal.
En su resolución, Garganta citó el decreto ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-, que en su artículo 8 establece: “(...) Las Unidades de Policía de Prevención Local tendrán por funciones (...) “Impedir que los hechos delictivos o contravencionales, tentados o cometidos, produzcan consecuencias delictivas ulteriores”.
En ese sentido, para el representante del Ministerio Público, el Secretario de Seguridad de La Plata no habría tomado las medidas que el caso aconsejaba, como sería la clausura de ese predio situado en 520 entre 159 y 160, su inmediato desalojo y, fundamentalmente, la presencia de personal policial, ya que Uscamayta Curí poco después apareció ahogada dentro de una pileta.
“Que del estudio de las constancias obrantes en autos surge semiplena prueba e indicios vehementes que el 31 de diciembre de 2015, en circunstancias que se preparaba una fiesta en las inmediaciones de calle 520 y 159 de Melchor Romero (...), de importantes proporciones considerables y que fuera intimada por un organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, para que no se realice, y encontrándose en el lugar con móviles de la Policía Local para evitar su realización, un sujeto en su calidad de Secretario de Seguridad Municipal de La Plata ordenó retirar el mismo de modo que el evento se pueda realizar”, explicó Garganta en su dictamen.
La audiencia de indagatoria, de acuerdo a lo indicado a EL DIA por los voceros consultados, quedó fijada para el próximo 22 de septiembre, a las 10 de la mañana.
Según Garganta, al analizar las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, entre ellas la declaración testimonial del secretario del juez César Melazo, Daniel Amerise, quien se había enterado de la realización de la fiesta y se lo comunicó a Piqué mediante un Whatsapp y el análisis de las comunicaciones telefónicas, “existen motivos suficientes para sospechar que (...) resulta ser penalmente responsable del hecho descripto”.
Como este diario informó oportunamente, la causa que se abrió tras la muerte de Yésica Emilia Uscamayta Curí, ya en la madrugada del 1º de enero, pretende dilucidar en qué circunstancias se produjo, pero, sobre todo, determinar por qué tuvo lugar ese escenario que no debió suceder nunca.
Dicho en otros términos: por qué se desarrolló una fiesta clandestina que se promovió hasta último momento en las redes sociales, pese a que no tenía la habilitación municipal correspondiente.
Horas después de la tragedia, la Municipalidad entregó a la UFI 11 tres actas de comprobación de la subsecretaría de Control Urbano por las cuales se notificó al dueño de la quinta de la prohibición de hacer el evento “La Frontera”.
Dos de esas notas datan del 30 de diciembre. La restante es del 31, “ante la notoria decisión de seguir promocionando dicho evento de Fin de Año”, explicaron fuentes de la Comuna.
También se incorporó a la causa el acta contravencional de multa y clausura que inspectores libraron a las 4.12 de la mañana del 1º de enero, dejando asentado que el lugar estaba clausurado.
La firmó el dueño de la propiedad, Carlos Bellone, mientras, adentro, la fiesta seguía a pleno.
Fuentes cercanas a la Municipalidad admitieron por aquél entonces que no se desalojó, porque los inspectores fueron sin apoyo policial y “para hacer un operativo de esa envergadura se hubiera requerido de un grupo especial o fuerzas federales”.
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