La gobernadora María Eugenia Vidal vetó una ley que aseguraba la continuidad dentro del gremio SOSBA de aquellos trabajadores de Aguas Bonaerenses (ABSA) que cumplen funciones en las ocho localidades que fueron transferidas a la órbita de la empresa nacional Aguas y Saneamiento (Aysa).
El proyecto que había sido aprobado por la Legislatura pretendía modificar la ley 14.830, a través de la cual se autorizó al Ejecutivo a transferir al área de concesión de Aysa ocho distritos del Conurbano, entre ellos Pilar y Florencio Varela, que hasta el año pasado eran controlados por ABSA y que prefirieron dejar la empresa bonaerense debido a la baja calidad de su servicio.
La modificación apuntaba a “garantizar la estabilidad laboral de los empleados, así como su pertenencia sindical al momento de la transferencia”. De este modo, se pretendía garantizar la continuidad de los empleados dentro del gremio SOSBA, que además de nuclear a la mayoría de los trabajadores del sector posee un porcentaje accionario de ABSA.
ATRIBUCIONES
En los considerandos del decreto que dispuso el veto, el Ejecutivo indicó que “la Legislatura carece de atribuciones constitucionales para practicar unilateralmente modificaciones a un acuerdo con la Nación. Por lo que la Legislatura sólo puede manifestarse a favor o en contra” del acta acuerdo.
Por otro lado, el decreto señala también que “se ha expedido el Ministerio de Trabajo explicando que es competencia originaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación garantizar la libertad sindical”.
La afiliación de estos 500 trabajadores que pasaron de ABSA a Aysa generaron una fuerte pulseada entre el gremio bonaerense que lidera Julio Castro y el sindicato que a nivel nacional conduce José Luis Lingeri.
El sector de Castro interpretaba que le correspondía mantener la afiliación de estos trabajadores y logró que la Legislatura aprobara una ley en ese sentido cerca de fin del año pasado.
Pero para el gremio de Lingeri -un sindicalista que se muestra cercano a decisiones del gobierno nacional-, le corresponde quedarse con la afiliación de esos agentes porque tiene representación exclusiva en la empresa Aysa.
En ese marco, como publicara este diario, habían trascendido gestiones reservadas en busca de que la mandataria vetara la ley objetada por el gremio de Lingeri. Finalmente, la normativa quedó sin efecto.
PLANTEO
Conocido el veto, desde SOSBA denunciaron “maniobras que pretenden usurpar territorio y actividad sindical”, y apuntaron contra el gremio porteño que podría quedarse con el encuadramiento de los trabajadores.
El secretario Adjunto del SOSBA, Guillermo Amorebieta, aseguró que realizará un “planteo jurídico” para sostener su posición, más allá de lo que pueda realizar la Legislatura.
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