Las escuchas telefónicas que enumera Alberto Nisman en su denuncia le dieron la pauta al fiscal que, por detrás del Memorándum con Irán, existían intereses del gobierno argentino para desvincular a los acusados de esa nacionalidad del atentado contra la AMIA.
Esas 900 horas de escuchas, que fueron autorizadas por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y realizadas por la secretaría de Inteligencia (SI), fueron la punta de lo que el fiscal estimó como conversaciones que “tenían su correspondiente correlato con la realidad” y cuyos “partícipes anticipaban lo que iba ocurriendo”.
Efectivamente, en las grabaciones se adelantan hechos que luego se fueron produciendo, como cuando el 27 de setiembre de 2013 el supuesto agente de Irán, Jorge “Yussuf” Khalil, dice que se “necesita que el gobierno iraní junto al gobierno argentino anuncie la conformación de la Comisión de la Verdad”. U otra del mismo Khalil solicitando una reunión con el Encargado de Negocios de Irán en la Argentina para transmitir un mensaje del Gobierno al respecto: “Escuchame Mohsen, el hombre éste va a estar ahí. Yo necesito sacarlo 15 minutos, necesito darle un mensaje, viejo. Es del gobierno argentino, mandaron un mensaje para él”.
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