La denuncia de Nisman a Cristina, 2 años después

Hoy se cumplen dos años de la denuncia que hizo el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, en la que acusó a la ex presidenta Cristina Fernández, a colaboradores y a supuestos espías de haber llevado adelante un plan para “encubrir” a Irán en el atentado contra la mutual judía.

En febrero, cuando se reinicie la actividad en los tribunales de Comodoro Py 2002, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver qué hará con la investigación de la denuncia que hace dos años le había llegado de parte de Nisman y que las vueltas del destino ponen otra vez en sus manos.

El 14 de enero de 2015, el fiscal denunció a la entonces Presidenta, a su canciller Héctor Timerman, al diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque, a los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, al agente Allan Bogado y al ex juez Héctor Yrimia. A todos los acusó de haberse asociado en un plan de “encubrimiento” a Irán por su responsabilidad en el atentado con la AMIA, que iba a disolverse a través del Memorándum firmado en 2013 con el país persa.

En aquel momento, Lijo entendió que no le correspondía a él investigar esa denuncia en el marco de la causa por encubrimiento al atentado, por la que ahora ya enfrentan juicio oral el ex juez federal Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy.

Y por ello, entonces, la causa fue a sorteo y el caso recayó en manos de Daniel Rafecas quien, una semana después de la gigantesca movilización que se gestó en Buenos Aires para pedir “justicia” por la muerte de Nisman, decidió cerrar la causa por entender que no había delito. “No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida”, escribió el magistrado en un duro fallo.

Con esa resolución, Rafecas descartó de plano llevar adelante las casi 50 medidas que había impulsado por entonces el fiscal Gerardo Pollicita al reclamar la apertura de la investigación.

El juez Lijo, en febrero, deberá resolver si se queda con la investigación o si se la cede a su colega Bonadio, quien ya tiene una causa mucho más avanzada

La decisión de Rafecas fue avalada en la Sala I de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Cuando el caso saltó a Casación, fue el fiscal de esa instancia, Javier De Luca, quien desistió de sostener el recurso y el expediente nunca se abrió.

Pero, luego, a fines del 2015, se conoció una grabación en donde se escuchaba a Héctor Timerman hablando con un dirigente de la AMIA en la que el ex canciller habría reconocido que habló con los iraníes porque eran quienes habían cometido el atentado.

“Hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quien negociar, me estás diciendo con quien no negociar, que vivo que sos. ¿Con quién querés que negocie entonces?”, le dijo Timerman al ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en una conversación telefónica que mantuvieron en 2012.

Esa conversación abrió una denuncia contra Timerman, la ex presidenta y los legisladores que votaron el Memorándum con Irán por el delito de “traición a la Patria” que recayó en manos del juez Claudio Bonadio.

Desde esa causa, Bonadio pidió una serie de medidas para avanzar en la investigación y la defensa de Timerman fracasó en su intento por cerrar el expediente, por entender que versaba sobre los mismos hechos que denunció Nisman.

Mientras tanto, el juez Rafecas se negó en marzo a reabrir la investigación tomando esa grabación como nueva prueba y las declaraciones de funcionarios de Cancillería y lo mismo hizo la Sala I de la Cámara Federal.

La situación se repitió en Casación, con el fiscal De Luca desistiendo de impulsar la reapertura, pero esta vez el escenario contó con un actor diferente: la querella de la DAIA.

Fue así que, después de una interminable seguidilla de roces, la Sala I de la Cámara Federal resolvió a fines de diciembre reabrir la investigación por la denuncia de Nisman, aunque apartó del expediente tanto a Rafecas como a los camaristas Freiler y Ballestero.

Por sorteo, el caso recayó otra vez en Lijo quien, en febrero, deberá resolver si se queda con la causa o si se la cede a su colega Bonadio, quien ya tiene una causa mucho más avanzada que la suya.

Lo cierto es que ya no intervendrán los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes fueron apartados de la Sala I, en tanto que su colega Ana María Figueroa, que igualmente votó por la reapertura, podría entender que no hay delito en la denuncia de Nisman cuando llegue el momento de opinar sobre el fondo de la cuestión, tal como lo dejó ver entre líneas en su voto de diciembre pasado.