El juez Rodolfo Canicoba Corral advirtió ayer que no se puede hablar de delito de soborno en el caso del actual jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, porque cuando le habrían hecho las transferencias desde la constructora brasileña Odebrecht no era funcionario público, pero advirtió que debe estudiarse si actuó en nombre de un tercero.
“Estoy un poco ausente (del juzgado) porque estoy de licencia. Por lo que he leído, no sé si puede hablarse de soborno porque este señor era un ciudadano común, no era funcionario público” cuando se hicieron los giros de dinero, indicó el juez, aunque aclaró que “salvo que se pruebe que fue por interpósita persona”, lo que sería un delito de cohecho.
Por su parte, la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer criticó al Gobierno por “no reaccionar” ante las denuncias contra el jefe de la AFI y se quejó de que por parte del Ejecutivo “no hay ninguna voluntad de investigar, ni de sacarlo, ni siquiera de hacerse cargo”.
La diputada sostuvo que “el presidente Mauricio Macri es quien debería tener el mayor interés en que esto se investigue y se esclarezca, para evitar él mismo ser manchado” y reiteró: “Debería relevar a Arribas de su cargo rápidamente para facilitar la investigación judicial”.
DENUNCIA
La diputada nacional Elisa Carrió, aliada al Gobierno del presidente Mauricio Macri, denunció esta semana penalmente a Arribas, para que se investigue si perpetró algún delito cuando presuntamente recibió dinero del gigante de la construcción brasilero Odebrecht, aunque el titular de la AFI dijo que solo percibió una transferencia por una compraventa de una propiedad en San Pablo.
La denuncia, que recayó en el juzgado de Canicoba Corral, está basada en la investigación periodística publicada por el diario La Nación que asegura que en 2013 Arribas percibió cinco transferencias por casi 600 mil dólares que habría ordenado el cambista brasileño Leonardo Meirelles, condenado por el pago de coimas en el caso ‘Lava Jato’.
Arribas no era funcionario público en el año en el que -según la denuncia- habría recibido el dinero, pero sí tenía una estrecha relación con Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y justo fue cuando se dio impulso al proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento a cargo de un consorcio de empresas integrado por la brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa -de Angelo Calcaterra, primo de Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella.
En declaraciones radiales, el juez se refirió a estas especulaciones: “Entre una relación estrecha y que sea presta-nombre en un delito, hay una distancia. Pero eso supongo que es parte de lo que se denuncia, habrá que investigar y habrá que probar”.
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