La aplicación del “sinceramiento tarifario” fue la medida más traumática y controvertida de las que adoptó el Gobierno en su primer año de gestión. El propio Presidente -en una entrevista con EL DIA el mes pasado- reconoció que el ajuste en la luz y el gas “se podría haber hecho mejor”. Lo cierto es que fue un proceso marcado por idas y vueltas, en el que el Gobierno debió enfrentar varios fallos adversos hasta que la Corte nacional marcó un camino que, finalmente, permitió aplicar los incrementos pero después de hacer audiencias públicas y con un tope del 400 por ciento.
La cuestión más controvertida fue que se habían dispuesto los ajustes sin cumplir con el requisito de las audiencias públicas. Además, no se contempló que el incremento en el gas se superponía con el sistema de penalidades por mayor consumo y eso hizo que, en un invierno más frío, las tarifas saltaran muy por encima del porcentaje de aumento que se había anunciado.
Durante buena parte del año, el conflicto por las tarifas mantuvo al Gobierno en una delicada encerrona. Se hicieron correcciones. Se terminó contemplando la especial situación de clubes de barrio e instituciones comunitarias, y finalmente se pudo avanzar con un ajuste que resultaba inevitable pero que se empezó a instrumentar a las apuradas.
En medio de esta situación, el Presidente debió respaldar varias veces al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a quien la oposición responsabilizaba por el manejo del asunto.
El Gobierno puso especial énfasis en promover un cambio de hábitos y un uso más racional de la energía. El propio Macri hizo de ese tema una bandera.
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