El intendente de Pinamar, Martín Yeza, había asegurado en una entrevista a revista Noticias que en su primer año de gestión había recibido cincuenta ofrecimientos de coimas y que en “Pinamar muchos estaban acostumbrados a trabajar así con los intendentes anteriores”.
Ante sus polémicas declaraciones, representantes de la oposición en el municipio pidieron que se realice una investigación judicial, ya que el artículo 287 del Código Procesal Penal bonaerense obliga a “los funcionarios o empleados públicos” que sean testigos de un delito “con ocasión del ejercicio de sus funciones” a denunciarlo ante la Justicia.
Convocado por la Justicia, Yeza ahora aseguró que “nunca recibió una oferta concreta, ni directa o manifiesta”.
El fiscal interviniente resolvió en consecuencia desestimar la denuncia ya que carece “de elementos que permitan tener por acreditado la existencia de una conducta típica en relación a la presunta comisión de delitos de acción pública de los que tendría conocimiento un funcionario público (...)”.
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