El episodio registrado ayer en Tolosa, donde vecinos y dueños de una calesita cortaron por su cuenta parte de uno de los árboles de la plaza Iraola, puso nuevamente en el centro de la escena las agresiones que padece la forestación urbana a manos de particulares.
En el caso tolosano, quienes troncharon el árbol del espacio público, incurriendo en una práctica penada por las normas vigentes, adujeron que las ramas “tapaban la cámara de seguridad” municipal, acrecentando la posibilidad de que se registraran actos vandálicos.
En otras ocasiones, las mutilaciones al patrimonio forestal se justifican en que las copas “ofrecen refugio a los ladrones”, o “tapan la iluminación”, o “permiten acceder a los balcones”.
Concretamente, el artículo 123 del Código Contravencional vigente establece multas de hasta $186 mil y arrestos de treinta días para quien incurriera en “la extracción y poda de árboles ubicados en lugares públicos sin previo permiso o en contravención a las normas reglamentarias vigentes”.
Las mismas penas rigen en relación con el arbolado de las veredas, que cada frentista tiene la obligación de plantar y custodiar.
En los años recientes, el municipio habilitó sucesivamente la facultad de intervenir sobre la forestación de la Ciudad a diferentes organismos, empresas y reparticiones (cooperativas contratadas, el servicio de “72 horas” municipal, la firma Edelap para despeje de luminarias), no siempre con resultados beneficiosos en el aspecto fitosanitario. Nunca se habilitó esa potestad a particulares.
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