A pocos días de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump ya se enfrenta a una primera demanda presentada ayer en Nueva York, que lo acusa de violar la Constitución por los ingresos que reciben sus negocios de parte de gobiernos extranjeros. De acuerdo con los demandantes, una organización civil con sede en Washington, un presidente de EE UU no puede recibir ningún pago de gobiernos extranjeros porque pondría en riesgo la independencia del país.
El planteamiento legal es un nuevo giro en la larga polémica que enfrenta a Trump con políticos demócratas y organizaciones civiles por el temor de que su imperio inmobiliario dentro y fuera del país choque con los intereses de EE UU. “Nunca antes el pueblo de EE UU eligió a un presidente con intereses empresariales tan vastos, complicados y secretos” como los de Trump, dice el primer párrafo de la demanda presentada por el grupo Ciudadanos en favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por su sigla en inglés).
Esta organización reunió una lista de las propiedades vinculadas a la Organización Trump y los pagos de gobiernos extranjeros que, sostiene, se hacen a ese conglomerado, aunque agrega que todavía falta por conocer mucha información. “El presidente Trump es el primero en décadas que no dio a conocer sus declaraciones de bienes e impuestos”, indicaron desde el CREW.
Durante la campaña electoral, Trump dijo que sólo haría públicas sus declaraciones de ingresos cuando terminaran las auditorías, y después de llegar a la Casa Blanca sus voceros ya anticiparon que no las dará a conocer. Los demandantes dicen que Trump está violando una cláusula de la Constitución que impide a “cualquier persona con funciones públicas” aceptar pagos de parte de “reyes, príncipes o Estado extranjero”, a no ser que lo autorice el Congreso. Entre las pagas que, según la demanda, entrarían en el litigio, hay ingresos por el alquiler de espacios en la Torre Trump a un banco oficial de China y a la oficina de turismo de Abu Dhabi. También por los pagos de funcionarios extranjeros alojados en un hotel en Washington inaugurado hace poco, próximo a la Casa Blanca, y hasta por regalías de cadenas públicas que emiten un programa de TV (El aprendiz) producido por la Organización Trump. La demanda, presentada en Nueva York porque muchas de las propiedades de Trump están en esta ciudad, incluye además emprendimientos inmobiliarios en China, India, Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos, Indonesia y Turquía.
Trump y su equipo insisten en que el presidente cedió la gestión de sus negocios a sus hijos, aunque no la propiedad, y sostienen que el magnate no está obligado por ley a desprenderse de sus propiedades, algo que sí afecta a su gabinete. El propio Trump rechazó la demanda por “falta de méritos”. Sin embargo, el manejo de la fortuna de Trump sigue despertando desconfianza y muchos temen que dé lugar a actos de corrupción. El capítulo del conflicto de intereses sigue abierto.
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