Los abogados que defendían al ex comisario Federico Jurado en la causa que lo tenía como imputado por el hallazgo de sobres con dinero en la Departamental representan ahora a su familia en la causa que investiga su muerte, ocurrida el jueves de la semana pasada en una celda de la Unidad 9 de La Plata.
En ese rol, Daniel Mazzochini y Laura Corporaal pidieron ante el Juzgado de Garantías 6 el apartamiento del fiscal Marcelo Martini (a cargo de las dos instrucciones) y el traslado del compañero de celda del ex comisario fallecido, “para preservar su integridad física cuando se disponga a contar lo que realmente pasó’. Lo mismo requirieron para “todo el pabellón”.
Con respecto a Martini, fundamentaron su reclamo en que es “quien investiga la causa, quien ordenó la detención de Jurado y en todas sus declaraciones públicas relativiza el homicidio, sosteniendo a priori y contra los informes periciales preliminares la muerte natural”, explicó Corporaal, convencida de que el fiscal “actúa como defensor del sistema y no investiga las causas reales y los autores del homicidio”.
Mazzochini resaltó que “lo piden sobre todo Natalia Cabrera (la esposa de Jurado) y Vanesa (su hermana), que estallaron en llanto al leer las conclusiones de un indisimulable homicidio”. El abogado no pasó por alto lo que consideró una “inacción del fiscal” en la pesquisa, ya que “no pidió el allanamiento del pabellón ni dispuso el resguardo y traslado del compañero de celda”, de modo que “dando por sentada la muerte natural desaparecen todas las pruebas”.
Consultado sobre estas afirmaciones, Martini aclaró que “se le tomó declaración al compañero de celda y a las dos personas que dijeron estar con él hasta que se fueron a dormir, ninguna de las cuales vio nada raro”. El fiscal también argumentó que “me baso en el informe preliminar de la autopsia, que no detectó nada extraño, pero de cualquier modo estamos esperando el resultado de los estudios complementarios. Hasta ahora no hay indicios de una muerte violenta”.
Pero los familiares del ex titular de la comisaría Decimosexta están convencidos de que no fue por causas naturales. En una carta pública a la comunidad denunciaron que “fue muerto por la policía” y consideraron que la causa es “jurídicamente insostenible y viola todas las garantías constitucionales”.
“El Poder Judicial en la figura de la doctora Marcela Garmendia no le garantizó a Federico sus derechos. Nos preocupa, como ciudadanos que estas cosas sigan pasando en democracia en las instituciones que deberían velar por nuestra seguridad”, escribieron.
En la carta, además, analizaron que en la Argentina “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y la pena de muerte felizmente no existe; habrá que recordárselo a Martini, Garmendia y (el ministro de Seguridad Cristian) Ritondo porque a Fede lo condenaron a muerte”. Por último exigieron “Verdad y Justicia ante este nuevo episodio de violencia institucional”
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