El presidente Donald Trump se apuró a firmar alrededor de una decena de órdenes ejecutivas en su primera semana al frente de la Casa Blanca. Sin embargo, la ejecución de sus propósitos no será tan sencilla como estampar una rúbrica en un documento presidencial.
Buena parte de los contenidos de dichas órdenes pasan por la colaboración del Congreso, donde los mecanismos de control permitirán a la oposición demócrata trabar algunas de las intenciones del magnate. Asimismo, los gobiernos locales y estatales, así como los tribunales, pueden suponer un problema para sus aspiraciones.
De hecho, la orden ejecutiva firmada el viernes para combatir al terrorismo yihadista, que suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista, ya se ha topado con una jueza federal, Ann Donnelly, de Brooklyn (Nueva York), que el sábado dictaminó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos de EE UU no pueden ser deportados a sus países.
También fueron muy polémicos los decretos por los que ordenó la “construcción inmediata” del muro en la frontera con México o retirar fondos federales a aquellas ciudades que protejan a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la vocación de esos decretos pasa por la connivencia del Congreso, primero para proveer fondos para la construcción del muro, y segundo, para hacer constar en los presupuestos, que dependen de la aprobación del Legislativo, la exención de ayudas a dichas ciudades, como Nueva York, Chicago o Los Angeles.
El gobierno de Trump no puede utilizar fondos federales para pagar los planes de inmigración de cualquier modo. Primero, el Congreso determina cómo se deben gastar los dólares de los contribuyentes, y tampoco cuenta con arcas semejantes como para destinar fondos alegremente a tales fines dada la gran deuda federal. El titular de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, apoya incluir la financiación del muro en los presupuestos, estimada en unos 15.000 millones de dólares, pero la aprobación presupuestaria depende también de los demócratas, aunque no tengan la mayoría en las cámaras legislativas.
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