La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el ex titular de la cartera de Planificación, Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez, cada uno por separado, pero con idénticos argumentos, apelarán los procesamientos y los millonarios embargos dispuestos por el juez Julián Ercolini, antes del inicio de la feria judicial de enero. Por eso al finalizar el período de receso judicial apuntarán contra la auditoría de Vialidad Nacional y sostendrán que se violaron “las garantías mínimas del derecho de defensa”, según el diario Clarín.
Además, reiterarán que hay “falsedades” en los presupuestos utilizados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para señalar al empresario santacruceño como el “favorito” de los contratos viales. En la causa hay doce personas procesadas por presunta corrupción en la obra pública, ya que además de Cristina, De Vido y Báez, también se encuentran en esa situación el ex segundo en Planificación, José López y a Carlos Kirchner (primo de la ex presidenta).
Para todos ellos el embargo ordenado fue de 10.000 millones de pesos y se los acusa de asociación ilícita y defraudación a la administración pública, y de montar una estructura para favorecer al socio comercial y amigo de los Kirchner: Lázaro Báez.
Cristina pasó el mes de enero entre Río Gallegos y El Calafate, pero sin llegar a la capital federal. Sin embargo mantuvo una activa presencia en las redes sociales con fuertes críticas al Gobierno, se prepara para apelar el procesamiento del juez Ercolini. Lo hará, según confirmó su defensa a cargo de Carlos Beraldi, el primer día hábil de febrero, cuando se retome la actividad en Comodoro Py. Cristina había solicitado en la causa que se elabore un listado del que surja lo pagado a cada una de las empresas contratistas entre 2005 y 2015.
Así, sostiene que Austral Construcciones es la número 38 del listado general, desechando la auditoría de Vialidad Nacional que coloca a Báez primero, con más de 46.000 millones de pesos en contratos viales, con sobreprecios del 65%.
“Hay pruebas suficientes”, refutaron fuentes judiciales anticipándose a las apelaciones. El juez Ercolini planteó en su procesamiento que espera que la causa se eleve a juicio oral “lo antes posible” y que en esa instancia, las partes podrán refutar la auditoría de Vialidad
La ex presidenta insistirá en que ese informe tiene “una clara intencionalidad política”, que omiten a IECSA de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
Respecto al embargo de 10.000 millones, ya indicó que no cuenta con ese dinero: su patrimonio fue cedido a sus hijos, según la Justicia como una maniobra para “insolventarse”.
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