El Concejo Deliberante también fue un desafío para el flamante oficialismo que, tras el cambio de signo político modificó radicalmente una composición que la que la alianza Cambiemos integró en minoría.
Con siete concejales en el bloque oficial y la presidencia a cargo del segundo de la lista de Julio Garro, Fernando Ponce, el jefe comunal debió tejer acuerdos con distintos sectores para alcanzar el número necesario que permita la sanción de las ordenanzas, entre ellos el Frente Renovador y los monobloques aliados.
Entre las normas sancionadas impulsadas por el oficialismo durante el año, se destacaron dos. Una de ellas es la modificación de la Ordenanza Fiscal Impositiva, que prevé un aumento promedio de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) del orden del 27%.
La segunda ordenanza que promovió el Ejecutivo es la que crea cuatro nuevas delegaciones, tres en la zona norte y una en la zona sur, con el anunciado objetivo de incrementar la descentralización de la administración en función al crecimiento que tuvo la Ciudad en los últimos años, una meta que debe ser alcanzada.
En términos políticos, el equilibrio de fuerzas se mostró atravesado por marcadas diferencias hacia el interior del bloque de Cambiemos, donde un sector del radicalismo marcó durante todo críticas y disconformismo para con las medidas del Intendente.
Hacia fin de año, cuando ya las batallas más álgidas habían sido superadas, la última semana del año mostró que las tensiones entre el oficialismo y el FpV-PJ se acrecentaron. Fue para la votación del Presupuesto 2017, momento en el que el oficialismo propuso también votar a María Florencia Barcia como la nueva Defensora Ciudadana.
Las diferencias entre ambos sectores quedaron plasmadas con el rechazo del peronismo al Presupuesto del Intendente y su salida del recinto impugnando la elección de la ómbudsman, muestra del año electoral que se anticipa.
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