La primera información que circuló ayer daba cuenta de un panorama inquietante, al referir que hacía tres días que los internos de la Unidad Penal 35 de Magdalena llevaban tres días sin luz, ni agua, “hidratándose con agua de lluvia” e incomunicados.
Distintas fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y el ministerio de Justicia confirmaron a este diario la existencia del problema, aunque aclararon que se originó el martes, lo adjudicaron “un gato” y aseguraron que “la situación está controlada”.
De acuerdo a la información oficial, todo pasó el martes a la tarde en ese penal situado en el kilómetro 111 de la Ruta 11, cuando el animalito se metió en un transformador y quemó dos fusibles. El gato murió calcinado y la cárcel que aloja a 1.100 presos, se quedó sin luz.
La falta de energía tuvo como consecuencia directa la falta de agua, situación que, según los voceros, “fue controlada con la puesta en funcionamiento de un equipo electrógeno”. Admitieron que el servicio está reducido, pero no sin resaltar que, “más allá de algunas molestias, la situación está en calma y los internos al tanto de lo que pasó”. Mientras tanto, las autoridades procuran reemplazar urgentemente los fusibles dañados, lo que no estaría resultándoles sencillo.
“Son importados, cuestan alrededor de 1.000 dólares cada uno y no son fáciles de conseguir”, explicó un vocero.
La información que había circulado en las primeras horas de ayer pintaba un escenario distinto. Abogados defensores de algunos presos de esa unidad hicieron saber que “están incomunicados y bajo amenazas para que no reclamen”.
Esta versión fue desmentida de plano por los distintos voceros consultados por EL DIA.
Siempre complicada, la situación penitenciaria se vuelve más sensible hacia finales de cada año y, con las cercanía de las Fiestas, cualquier conflicto puede detonar una crisis seria. A mediados de diciembre, presos universitarios de las unidades penitenciarias Nº 1, de Olmos; la 9, de La Plata; y la 31 de Florencio Varela iniciaron una huelga de hambre en protesta de la Ley de Ejecución Penal que limita las excarcelaciones, lo que frenó una sanción que parecía inminente.
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