La Iglesia cuestionó el proyecto de bajar la edad de imputabilidad

La Iglesia reclamó hoy que el debate por la baja de la edad de imputabilidad, que impulsa el Gobierno nacional, no se centre “solamente en la persecución estatal” de adolescentes en conflicto con la ley penal y exigió que se incluyan otras perspectivas sociales y jurídicas.

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, difundió una serie de consideraciones ante el proyecto oficial de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, y afirmó que este debate “no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil”.

El debate “no puede centrarse solamente en la persecución estatal, a través del derecho penal, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”, sostuvo.

La Iglesia cuestionó, sin embargo, la intención del Poder Ejecutivo de impulsar una reforma legislativa a la baja de la edad de imputabilidad, al advertir que “no se corresponde” con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga” que hizo ese organismo eclesiástico el 6 de noviembre de 2016 y el presidente Mauricio Macri asumió mediante el decreto 1249/2016 del 12 de diciembre de 2016.

“Se reaviva así un debate sobre el límite establecido legalmente, por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas”, aseveró.

El organismo eclesiástico aseguró que no se puede caminar “hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi ‘enemigos sociales’”.

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“No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, aseveró.