La causa judicial surge a partir de una denuncia por el presunto pedido de coimas para rezonificar un terreno rural que en abril de 2014 realiza el particular Guillermo Andreau.
El punto era poder dar categoría de urbano a una zona rural de Olmos, para ser loteada y utilizada con fines vinculados al plan Procrear, algo que el Código de Ordenamiento Urbano (COU) permite a través de un decreto.
Fuentes allegadas a la causa explicaron que a la denuncia presentada por Andreu se sumaron “otros testimonios y elementos” que señalan el presunto cohecho en distintos procedimientos de este tipo por entonces funcionarios.
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