Para el fiscal hubo un “plan criminal”

Los siguientes son algunos de los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita a la hora de pedir la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández y otros acusados:

• “Resulta innegable que el entramado del plan criminal ha obedecido a una orden emanada de la cúpula del anterior gobierno nacional, toda vez que las decisiones sobre las que avanzó Cancillería, y que involucró a una cuestión de fundamental importancia como lo es el atentado a la sede de la AMIA, no podría haberse desarrollado sin una decisión presidencial en esa dirección”.

• “El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional, puntualmente por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman, quienes a su vez contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos como son los casos de Angelina María Esther Abbona -ex Procuradora del Tesoro de la Nación-, Juan Martín Mena -ex jefe de Gabinete y Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, y Andrés Larroque -Diputado nacional”-, entre otros.

• “Por otro lado, en orden a su complejidad, la maniobra requirió de canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado, para lo cual fue necesaria la intervención de un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados que, desde la informalidad, contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan, entre los que corresponde mencionar a Luis D’Elía, Fernando Luis Esteche, Ramón Héctor Allan Bogado, Héctor Luis Yrimia (no fue llamado a indagatoria) y Jorge Alejandro Khallil”.

EL MEMORANDO

• “El medio escogido para canalizar esa voluntad ilegítima fue la suscripción del Memorando de Entendimiento celebrado entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, rubricado el día 27 de enero del año 2013 en Etiopía”.

• “Este instrumento que claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes resultaba funcional al plan criminal mediante dos pilares fundamentales. Primeramente, se encargaría de brindar el instrumento adecuado para que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados sean removidas, suspendidas o morigeradas, ello toda vez que mediante el ¿entendimiento? entre ambos países, las circulares rojas emitidas por Interpol en orden a cinco de los ochos acusados iraníes por el atentado ya no tendrían razón de ser”.

• “Para el caso de los funcionarios públicos involucrados, se ha demostrado que no podían desconocer que a partir de la notificación del Memorándum de Entendimiento a Interpol y del contenido de la carta conjunta suscripta por ambos cancilleres, estaban indefectiblemente colaborando con la pérdida de virtualidad de las notificaciones de índice rojo que pesa sobre los acusados iraníes”.

• “Recuérdese que la cúpula del anterior gobierno nacional, arrogándose potestades exclusivas del Poder Judicial de la Nación, pactó en forma secreta la impunidad de los miembros del régimen iraní, quienes no sólo habían sido formalmente acusados por la Justicia argentina en el marco de la causa N° 8566/96 (AMIA) sino que registran pedidos de captura internacional de índice rojo de Interpol, conducta que quebrantó un pilar fundamental sobre el que se apoya la democracia de un Estado, esto es, el sistema republicano de gobierno en orden a la intromisión de otro poder del Estado”.

DERECHOS HUMANOS

• “Producto de ello, la sociedad en su conjunto y los familiares y víctimas del atentado en especial, han sido engañados y manipulados en función de los intereses geopolíticos y económicos del gobierno de turno, como así también, revictimizados con relación al peor acto de terrorismo en Argentina. Sin dudas, esto representa una gravísima afectación de los derechos humanos.