Compás de espera que abre más interrogantes

El jefe del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, mantuvo ayer su compromiso con una independencia de la región pero pidió postergarla “unas semanas” para abrir un proceso de diálogo.

En este sentido, Puigdemont adoptó una vía intermedia y proclamó una independencia “suspendida“, intentando mantener el plan secesionista que impulsa desde que llegó al Gobierno catalán en enero de 2016 pero cediendo al mismo tiempo a la presión nacional e internacional que afronta para ponerle freno.

Su Gobierno se había comprometido a declarar la independencia en el caso de que el “sí” a la ruptura con España ganase el polémico referendo del 1 de octubre, algo que ocurrió por un 90% en parte porque los partidarios del “no” boicotearon la votación, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional español.

Sin embargo, la presión para evitar ese plan creció los últimos días. Las mayores empresas de Cataluña abandonaron la región debido a la incertidumbre que abre la ruptura con España y el fin de semana hubo marchas masivas en Barcelona y en toda España contra la independencia y a favor de la Constitución. Tampoco logró apoyo internacional a su iniciativa.

MUCHOS TEMAS PENDIENTES

La vía intermedia de Puigdemont le abre un nuevo frente de conflicto, esta vez interno: la CUP, el partido antisistema que lo apoya en el Parlamento, venía exigiendo que no cediera y declarara la independencia de forma unilateral. Si la CUP retira el apoyo a Puigdemont, podría acelerar la convocatoria de elecciones adelantadas en Cataluña.

Incluso antes de la decisión de Puigdemont, el camino se presentaba largo y complicado. Un nuevo país requeriría reconocimiento internacional a una “república catalana independiente”, que España retirara su presencia en la región (jueces, policía, Ejército, funcionarios, etc.), una nueva moneda (al salir del euro) o imprimir millones de pasaportes. Además, Cataluña no tiene Ejército y solo cuenta con una Policía autonómica, entre otros desafíos pendientes.

Otra respuesta de Madrid que se baraja como probable a una independencia catalana es la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite “adoptar las medidas necesarias” para “obligar” a una Comunidad Autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.