El artículo 155 de la Constitución contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para poner bajo control a las comunidades autónomas. Las medidas, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, obligan a la región al “cumplimiento forzoso” de sus deberes.
Según la redacción del artículo, hay dos ocasiones en las que el Gobierno puede aplicarlo: si la comunidad no cumple “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”; o si actúa “atentando gravemente contra el interés general de España”.
Para aplicarlo, el Gobierno central deberá requerir al presidente de la región en cuestión que cumpla con sus obligaciones o deje de actuar en rebeldía. Si no se atiende el requerimiento, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad a cumplir dichas obligaciones. Para ello, deberá tener aprobación del Senado, donde el partido de Mariano Rajoy cuenta con mayoría absoluta.
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