El oficialismo pidió la renuncia de Gils Carbó

Referentes del oficialismo insistieron ayer en que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, debe pedir licencia hasta que se resuelva su situación judicial, o directamente renunciar a su cargo, luego de que el juez federal Julián Ercolini dictara su procesamiento por supuesta administración fraudulenta en la compra del edificio donde funciona actualmente el organismo.

En tanto la candidata a diputada nacional por Vamos Juntos, Elisa Carrió, afirmó hoy que la procuradora general Alejandra Gils Carbó “tendría que renunciar si fuera una persona con un mínimo de vergüenza”.

Carrió advirtió que el Gobierno “no va a violar la Constitución” y que “es importante que se vaya por la vía constitucional”, durante una sesión transmitida por Facebook, junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el candidato a senador nacional Esteban Bullrich.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró “lógico” que la procuradora pida licencia “mientras resuelva su situación judicial” ya que, a partir de esa resolución judicial, “se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina”.

Al objetar la gestión de Gils Carbó, quien ejerce el cargo desde agosto de 2012, Garavano recordó que el Gobierno tiene “serios cuestionamientos por su desempeño”, particularmente en “la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, más allá de las consideraciones políticas que uno pueda hacer por su militancia y su cercanía con la ex presidenta (Cristina Kirchner)”.

“Es la persona más importante en la persecución penal para combatir el delito en Argentina, pero esto no ha sucedido”, sostuvo el titular de Justicia al explicar que el Ministerio Público Fiscal “tuvo un incremento enorme en el presupuesto, y recursos con más de 1.500 personas nombradas, pero que no fueron asignadas”, y aseguró que no se sabe “qué funciones ocupan”.

“Los fiscales federales que investigan la corrupción siguen siendo los mismos del año pasado, como la fiscal de Esquel, (Silvina Ávila) que investiga el caso Maldonado y que sigue teniendo cuatro colaboradores”, añadió.

Gils Carbó fue procesada ayer por la presunta comisión del delito de “administración fraudulenta” en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, en la que actuó como intermediario el medio hermano de un subdirector de ese organismo.

Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó -a tráves de la red social Twitter- que la situación de Gils Carbó “le hace más daño a la Justicia y al país”, y consideró que “su mejor opción es renunciar”.

“Cuando fui diputada, pedí el juicio político a Gils Carbó. Fue una pieza esencial para la impunidad de los corruptos. Los hechos lo demuestran”, afirmó ayer Alonso. Y “los llamados entre Gils Carbó y (José) Sbatella para zafar existieron”.