Para la Justicia "es un obstáculo" que De Vido esté libre

La Cámara Federal porteña ordenó hoy detener al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por entender que su libertad "es un obstáculo" para la pesquisa del fraude en Río Turbio y aludió a sospechas de destrucción de expedientes y a la "actitud evasiva" de los responsables de organismos públicos investigados.

"La libertad del imputado es un obstáculo al desarrollo de la investigación", consideró la sala II de la Cámara Federal porteña en el fallo, al reseñar episodios ocurridos durante la investigación a cargo del juez federal Luis Rodríguez, como supuesta destrucción de expedientes en organismos públicos, demoras en entrega de documentación y "actitud evasiva" frente a requerimientos judiciales.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia enumeraron cada uno en su voto las irregularidades detectadas, y advirtieron que se trata de una investigación por "actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo".

En concreto, la Cámara advirtió sobre las "dificultades para reunir la documentación antecedente de las operaciones cuestionadas", según declaraciones de testigos en la causa.

También, hizo referencia a las "detalladas alusiones" de los testigos a "la actitud evasiva que asumieron frente a los requerimientos los responsables de los diversos organismos públicos e instituciones intervinientes".

La Cámara también recordó que el fiscal ante esa instancia, Germán Moldes, hizo referencia "a la información pública que daría cuenta de que se habrían destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Yacimiento Carbonífero de Río Turbio".

También, se aludió a una orden de presentación enviada a la sede de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional, que funcionaba dentro de un predio de la Dirección General de Albergues y Plantas Estables de la Secretaría de Deportes, Recreación y Turismo de Santa Cruz, donde "se incautaron elementos que fueron colocados en 34 cajas, 30 de ellas fueron remitidas a la sede del juzgado instructor dos meses después, y las cuatro restantes cinco meses más tarde de aquel procedimiento".