MADRID.- Los líderes de Cataluña planean presentar un recurso judicial para impedir que el gobierno español asuma el control de la región a fin de frenar sus gestiones independentistas.
Las medidas serán presentadas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, contra la decisión del jefe de gobierno Mariano Rajoy de destituir al gobierno catalán y limitar los poderes del parlamento regional, según informó Jordi Turull, portavoz del gobierno catalán. Si las medidas no prosperan a nivel nacional, Cataluña recurrirá a instancias internacionales, advirtió Turull.
El Senado español se dispone a aprobar el viernes el pedido de Rajoy de emplear poderes constitucionales nunca antes usados (mediante la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna), para actuar contra los líderes catalanes acusados de violar las leyes y las disposiciones judiciales al convocar a un referendo sobre el asunto de la independencia.
En los últimos días aumentó la especulación acerca de una posible convocatoria de comicios regionales en Cataluña para evitar la intervención de Madrid.
INVITACION DEL SENADO
En este marco, el Senado español ofreció al presidente regional de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, debatir con el Gobierno mañana jueves o el viernes las medidas propuestas por el Ejecutivo central para restaurar la legalidad en esa región autónoma.
Por su parte, el líder catalán tiene “voluntad” de acudir a la cámara para explicar por qué las rechaza, según apuntó el vocero Turull. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, adelantó que, si Puigdemont decide acudir, se le ofrecerá la oportunidad de debatir directamente con un representante del Gobierno.
Aunque el líder independentista tiene “voluntad” de exponer sus razones en el Senado, Turull interpretó que el gobernante Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en la cámara, no desea la presencia de Puigdemont. El motivo es, según Turull, que “al principio” se les comunicó que su comparecencia podría ser el miércoles (por hoy) o “como muy tarde” el jueves al mediodía, pero “esto ha dado un vuelco”.
En cualquier caso, el canciller español, Alfonso Dastis, afirmó en Estrasburgo (Francia) que “es una buena señal” que el presidente Puigdemont “vaya al Senado y exprese su punto de vista”.
Por otra parte, el gobierno central reconoció que la incertidumbre en Cataluña está empezando a tener efectos en la economía general de España. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, puntualizó que el impacto se concentra “fundamentalmente en la economía y la sociedad catalana”, aunque descartó que esta incertidumbre se prolongue y que vaya a producirse la independencia.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que su departamento ha percibido un descenso en las relaciones comerciales e industriales con Cataluña a través de los distintos medios de transporte, que en el caso del ferrocarril han llegado hasta el 21%.
Asimismo destacó una caída “importante” de las reservas de todos los medios de transporte, entre ellos el aéreo. El aeropuerto de Barcelona ha pasado de un crecimiento del 10% al “estancamiento”.
Mientras, continúa el goteo de empresas que trasladan su sede social de Cataluña a ciudades de otras regiones por la incertidumbre política, casi 1.400 desde el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre pasado, según datos del Colegio de Registradores de España.
Ayer, el Caixabank, el tercer banco más grande de España, reveló que sufrió un retiro moderado de sus depósitos debido a la pugna política. El banco tenía hasta hace poco su sede en Cataluña pero la mudó a Valencia el 6 de octubre.
Al presentar los resultados financieros del banco por primera vez en Valencia, el director general de la empresa Gonzalo Gortázar se negó a dar detalles del valor de los depósitos perdidos, pero aseguró que la tendencia se había revertido y que el banco sigue en crecimiento. Gortázar agregó que la decisión de mudar la sede del banco es permanente. Según la prensa local, Gortázar ha advertido que el banco no piensa sacar empleos de Cataluña.
El banco Sabadell y otras más de mil compañías se fueron de Cataluña para asegurarse de que podrán seguir operando en la Unión Europea en caso de que la región logre escindirse de España.
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