Las elecciones legislativas de fines de octubre aparecen como una bisagra para la política económica y las reformas que imagina el gobierno del presidente Mauricio Macri.
El gradualismo continuaría, pero comenzarían a surgir los cambios estructurales que promete el oficialismo y reclama, con variados matices, casi todo el arco empresario.
La convicción que prima en los negocios es simple y muy elemental: la economía despegó en los últimos meses, pero si no baja la presión fiscal y el gasto público, no habrá crecimiento sustentable. En un plazo no muy lejano habría otra crisis en ciernes.
DIFICULTADES
Desde la óptica oficial, la dificultad de las reformas no sólo es política: convencer a la sociedad de la bondad y los beneficios de cambiar algunas reglas, sino también práctica.
Bajar los impuestos significa disponer de menos recursos, tomar riesgo de desfinanciar aún más el Estado y reducir el gasto social.
Además, el Gobierno necesita fondos no solo para sus gastos corrientes, también para los grandes faltantes de infraestructura.
Es la paradoja de la frazada corta: si cubre los pies deja al descubierto la cabeza y viceversa.
En política, además brilla la lógica binaria, tan elemental como atractiva para el discurso de barricada.
Las reformas son equivalentes a un ajuste ortodoxo para bajar salarios y subir la rentabilidad empresaria.
Una idea reduccionista similar a dar por supuesto que si suben los impuestos, es para ayudar a los sectores más humildes.
La historia económica del país de los últimos 40 años debiera ser útil para algo.
Los niveles de pobreza se duplicaron, la presión impositiva aún más, al igual que el nivel del gasto.
La salud económica-social de la Argentina descendió unos cuantos escalones en ese lapso.
De cualquier manera, las reformas económicas y reestructuración del gasto estatal están hoy más a la vista.
Y no solo del lado del oficialismo.
El gobernador cordobés Juan Schiaretti pidió una eliminación de las retenciones al campo y la extensión del impuesto a la renta financiera.
Quizás como respuesta, o como parte de la agenda ya en debate, el ministro Rogelio Frigerio aseguró que luego de los comicios legislativos, el presidente Macri convocará a los gobernadores a debatir el reparto de fondos y la carga impositiva.
Es que los puntos de conflicto son varios.
Por un lado, la demanda de la gobernadora María Eugenia Vidal de actualizar el Fondo del Conurbano, que amenaza recortar los fondos que coparticipan el resto de las provincias.
También los cambios en los ingresos brutos, tributos de exclusivo orden provincial, y las adecuaciones de los regímenes jubilatorios locales que hoy son financiados por la Nación.
El Gobierno sostiene que los gobernadores disponen hoy de fondos como nunca antes, luego de la restitución del 15% de la coparticiación que iba al ANSeS.
La reforma impositiva con más prensa es la nacional, aunque no menos significativas son las provinciales.
Macri espera hacer más transparente el debate y que los gobernadores asuman compromisos firmes respecto a bajar los impuestos locales, en especial los ingresos brutos que tienen un efecto piramidal, incluso con más impacto porcentual que el IVA del 21%.
La reforma impositiva con más prensa es la nacional, aunque no menos significativas son las provinciales
En el orden nacional, habría al menos dos decisiones fuertes.
Una se refiere a la extensión del impuesto a la renta financiera a las personas (hoy ya pagan las empresas ese tributo), que quedaría en stand by.
Se trata de un impuesto con alta carga política, pero escaso efecto de recaudación.
Debiera ser parte de un esquema de justicia tributaria, aunque hoy el oficialismo daría prioridad a otras consideraciones.
La otra decisión tiene que ver con una reducción de las cargas sociales, asociada al blanqueo laboral que lanzaría el Gobierno, que sería fuerte para los salarios más bajos.
Hoy alrededor del 40% del empleo está en negro, un porcentaje de informalidad demasiado alto y asociado de manera muy directa con los niveles de pobreza.
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