El fraude contra el IOMA que investiga la justicia y que implica a una red de funcionarios, empresarios y representantes gremiales que presuntamente falsificaban internaciones domiciliarias, ascendería a unos 1.000 millones de pesos. Así se desprende del dictamen del asesor general de Gobierno, Marcelo López Mesa, y verificaciones de expedientes que se habrían hecho en las últimas horas.

Fuentes allegadas a la causa indicaron que según nuevos cruces de datos, se habría detectado la participación de un número mayor de empresas implicadas en los delitos de fraude, que llegarían a ser ocho. Y que el monto de la defraudación al Estado provincial superaría los 1.000 millones de pesos.

Se trata, como viene publicando este diario, de una causa por la que hasta ahora hay 18 procesados, una lista que encabeza el ex presidente del organismo durante la gestión de Daniel Scioli Antonio La Scaleia y la integran empresarios, ex funcionarios e integrantes del directorio en representación de los gremios mayoritarios de la Provincia, UPCN y Suteba, también sospechados de participar de la red de estafas.

Es en base a esta información que se desprende de ese órgano que esta semana habría novedades en la causa que instruye el fiscal Alvaro Garganta, a partir de la denuncia que radicó la diputada nacional Elisa Carrió y que compromete a funcionarios y ex funcionarios de la anterior gestión, así como dirigentes gremiales, empleados y empresarios.

El dictamen de la Asesoría que obligó a IOMA a suspender a seis funcionarios de alto rango, dejó abierta la puerta para aportar más información a la fiscalía sobre otras empresas cuya operatoria estaría implicada en un circuito de corrupción.

Según indicaron ayer a este diario, el informe de la Asesoría General de Gobierno indica que “el señor agente fiscal sostiene que de la prueba colectada surge, prima facie, elementos para considerar que un grupo de personas que se desempeñaba laboralmente para IOMA, a través del servicio de prestación de internación domiciliaria, por lo menos entre mediados de 2013 y fines de 2015, habría cometido o participado de serias irregularidades administrativas”.

Ayer López Mesa afirmó tener “una semicerteza de la comisión de graves delitos por parte de empleados y funcionarios del organismo, actos de los que habría participado y obtenido irregulares beneficios una serie de empresas prestadoras”. Y advirtió que “estamos indagando” si hay otras compañías “en la misma situación”.

Como viene publicando este diario, por esta causa la semana pasada fueron desplazados seis empleados y funcionarios que se encuentran procesados, luego de que la justicia hallara pruebas de que integraban una asociación ilícita para cometer estafas por lo que se presumía eran cifras millonarias.

Respecto de las empresas de internación domiciliaria prestatarias del IOMA que estarían implicadas, hasta ahora se habían señalado a cinco, a las que la semana pasada se les inició un sumario. Sin embargo, López Mesa viene indicando la presunción de que la cantidad de compañías participantes habría sido mayor.