La Fiscalía de Investigación Penal número 1 de Jujuy solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa por “tentativa de homicidio” conocida como “la balacera de Azopardo”, que investiga un hecho ocurrido en el 2007, por el que está procesada la dirigente Milagro Sala y otras dos personas, según informó ayer el Ministerio Público de la Acusación jujeño (MPA).
“En contestación a la vista que corriera el Juzgado Causas Ley a cargo de -el juez- Pablo Pullen Llermanos a este MPA, es que en fecha 02/10/17, desde la fiscalía se solicitó el cierre de la instrucción judicial y la elevación de la causa a juicio”, planteó el fiscal Diego Cussel en su dictamen, en el marco del expediente en el que Sala y otros dos procesados se encuentran bajo prisión preventiva.
A Sala se le endilga el delito de “homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria”, del mismo modo que a Fabián Alberto Ávila, a quien se le suma la acusación de “homicidio simple”, mientras que el tercer procesado es Alberto Esteban Cardozo, culpado por “homicidio simple”, todo en grado de tentativa.
“Consentido el cuadro probatorio reunido, existen suficientes elementos de prueba, exigidos por el Código Procesal Penal, para que los computados comparezcan a juicio en el que se decidirá definitivamente las respectivas situaciones procesales”, finaliza el escrito sobre el requerimiento del fiscal interviniente, indicaron fuentes judiciales.
En la causa conocida como “la balacera de Azopardo” se investiga un confuso choque con armas de fuego entre dos grupos, por el que se ordenó inicialmente la detención de Jorge Páes y Fabián Ávila, acusados de “homicidio en grado de tentativa”, a raíz de una denuncia de Cardozo, quien protagonizó el enfrentamiento y luego fue detenido.
Páes, quien había sido denunciado inicialmente como presunto “sicario” de Sala, fue sobreseído en agosto pasado y recuperó su libertad, mientras que Ávila fue procesado por “tentativa de homicidio” al igual Cardozo, que ya lo estaba.
En esta causa, Sala estuvo inicialmente acusada de “encubrimiento agravado” por favorecer a un prófugo (Páes), pero, en base a pruebas incorporadas en el expediente, el juez resolvió imputarla por tentativa de homicidio.
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